Encontraría Comisión de L-12 implicaciones penales contra funcionarios

MÉXICO, DF, 28 de enero de 2015.- Dentro de las implicaciones penales por el mal manejo de recursos públicos federales por parte de funcionarios, la Comisión Especial de diputados que da seguimiento al caso de la Línea 12 del Metro, determinó como posible constitución de delitos el uso indebido de facultades, el ejercicio abusivo de funciones y peculado.

Los señalados directamente como personajes claves del escándalo son: el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, por lo que recomienda deslindar las responsabilidades de dichos funcionarios.

El informe de trabajo de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro de la Cámara de Diputados, considera imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor que a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementaron el costo de la Línea Dorada.

El dictamen indica el mismo caso aplica a la contratación del Consorcio Certificador por parte de Proyecto Metro, a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra.

Asimismo, la Comisión especial presidida por el diputado del PRI, Marco Antonio Calzada Arroyo, pide sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público.

Solicita al procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, a proceder al estudio de los posibles ilícitos cometidos, con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General.

Además, insta al procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, a proceder a la integración de las averiguaciones previas contra los funcionarios y, en su caso, consigne a los presuntos responsables funcionarios públicos y empresas privadas ante los juzgados penales federales competentes.

El presidente del órgano especial, Antonio Calzada Arroyo explicó que el informe que se menciona es de carácter preliminar y fue entregado a todos los integrantes de la Comisión para su análisis, con el propósito de que sea discutido y votado el próximo domingo 1 de febrero, tras la instalación del último periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura.

Precisó que el documento es producto del trabajo de siete meses, desde que se aprobó la creación de la Comisión Especial, el 10 de abril de 2014, y su instalación el día 28 del mismo mes.

Detalló que está integrado a partir de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, y cumplió con un programa aprobado por los legisladores integrantes, además de la inspección física del tramo afectado y las comparecencias de los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y reuniones con representantes de las empresas involucradas.

De ser aprobado por la Comisión Especial, dicho informe será presentado ante el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro y posteriormente enviado a las autoridades correspondientes.