Lamenta Redim vacíos en iniciativa para Niños y Adolescentes de Peña

MÉXICO, DF, 2 de septiembre de 2014.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) manifestó su preocupación ante la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República, toda vez que incurre en vacíos y la ciudadanía no fue consultada para su realización.

«Manifestamos extrañamiento porque para su elaboración, el Ejecutivo no estableció mecanismos públicos de diálogo con las organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos, ni tampoco se tomó en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes».

La REDIM realizó un llamado urgente a realizar un amplio debate con el poder legislativo para atender y solucionar los vacíos en la iniciativa presentada por el Presidente, pues «no fue discutida ampliamente y desde diversos ángulos que permitan observar los aspectos que afectan las vidas de niñas, niñas y adolescentes, no sólo de quienes necesitan protección especial, sino también niñas y niños habitan o transitan en la República Mexicana».

Entre los vacíos identificados por la organización, se encuentran que carece de enfoque de derechos humanos de la infancia, pues más allá de enunciarlos en diversos párrafos, desde el título esta Ley se auto limita a la «protección».

«Esta nueva iniciativa no logró superar la visión tutelar asistencial que ha caracterizado al Estado mexicano, que no reconoce a la infancia con capacidad de decisión fuera de su familia».

La REDIM considera positivo que se atendiera el llamado internacional de crear un mecanismo de coordinación de alto nivel; sin embargo, «es necesario delimitar las competencias y responsabilidades de estas articulaciones a nivel federal, estatal y municipal. Un verdadero sistema nacional de garantías tiene que significar el rediseño en la forma de organizarse entre las instituciones que atienden a la infancia y la adolescencia».

Para la red de organizaciones defensoras de la infancia resulta ​ «especialmente preocupante» el desconocimiento del rol importante de las organizaciones sociales que atienden a la infancia y adolescencia en situación vulnerable.

Actualmente siete de cada 10 albergues y programas destinados a la infancia en México son operados por la sociedad civil, por lo que «es difícil imaginar una Ley General que desconozca estos esfuerzos y buenas prácticas. Pretender sólo regular sin mecanismos de corresponsabilidad cuestiona la calidad democrática de nuestro país».

Recordó que desde abril de 2012 existe la campaña «Por una Ley que esté a la altura de su infancia» #x1leydealtura que ha realizado aportes sistemáticos para la construcción de la Ley General de Garantía de Derechos de niñas, niños y adolescentes que permita dar respuesta a las múltiples problemáticas que enfrenta la infancia en México.

«Hemos mantenido un diálogo permanente con el Poder Legislativo para acercarles la opinión de ciudadanas, ciudadanos, académicos, sociedad civil y expertas internacionales en los derechos de la infancia. Existen diversos documentos que fueron entregados a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. En contraste el poder ejecutivo ha sido más resistente a mantener diálogo franco y directo con las organizaciones de infancia», lamentó.

El Estado mexicano, dijo, tiene la responsabilidad de contrastar esta iniciativa de Ley con los compromisos adquiridos a nivel internacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño, sus Protocolos Facultativos y con las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

«Llamamos a abrir un amplio debate para la construcción de esta Ley General y del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde sea considerada la opinión de personas expertas, académicos, sociedad civil y particularmente de niñas, niños y adolescentes.

«Consideramos que una Ley que afecta la vida de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 53 por ciento vive en situación de pobreza debe ser un proyecto que realmente cambie las cosas en beneficio de niñas, niños y adolescentes en México. El Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de corregirla en beneficio de ellas y de ellos».