Pese a Iguala, México conserva buena imagen en el exterior

MÉXICO, DF, 30 de octubre de 2014-. El gobierno de México y representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala buscan ya un acuerdo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para formar un grupo de expertos que «garantice la transparencia» a la investigación sobre el suceso y proporcione apoyo a los esfuerzos por localizar a los jóvenes, adelantó la mañana de este jueves Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores

En entrevista con la agencia Efe que reproduce el diario español La Vanguardia, Gómez Robledo dijo además que el caso de Iguala no elimina «la buena imagen» que había logrado el gobierno mexicano en el exterior, sino que supone sólo «una llamada de atención» que ha recibido una respuesta «contundente».

Un día después de reunirse en México con el presidente Enrique Peña Nieto, representantes de dos organizaciones que apoyan a los familiares de los desaparecidos mantendrán a última hora de esta tarde un encuentro privado en Washington con funcionarios mexicanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Lo que ellos (las organizaciones) han planteado es (la creación de un grupo de expertos, como ya se ha hecho en otras ocasiones y con otros países», afirmó Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana.

El objetivo de ese grupo sería «garantizar la transparencia y probablemente aportar apoyo especializado» a la investigación lanzada por el Gobierno mexicano sobre el caso de Iguala.

El pasado 26 de septiembre, policías de esa localidad atacaron a tiros a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, causando la muerte a seis personas y heridas a 25 más.

Además, de acuerdo con la investigación, los agentes detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición creyendo que se trataba de miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival.

«Esta asistencia técnica no sustituye al Estado, no exime al Estado de sus obligaciones y su responsabilidad; hay que verla como un complemento que puede ayudar a validar, a los ojos del mundo, el trabajo que ha hecho el Estado», subrayó Gómez Robledo.

La CIDH «supervisaría» el papel del grupo de trabajo independiente, para el que las organizaciones han propuesto ya «unos nombres de personas de probada experiencia y calificación de todo tipo», pero cuya composición todavía no se ha definido, explicó.

El portavoz de los familiares de los desaparecidos, Felipe de Jesús de la Cruz, dijo este miércoles que no confían en el Gobierno ni en el trabajo que está realizando, y consideró que la CIDH debería intervenir en la búsqueda.

«Son posicionamientos -señaló el subsecretario- que hay que entender en el contexto de los sentimientos que arroja esta tragedia. Pero si existiera semejante desconfianza, no habrían tenido una reunión de seis horas con el jefe del Estado» y otras «cinco o seis» con altos funcionarios del Gobierno.

«Puede uno entender esas expresiones, que tienen también como fin no relajar la justa demanda de que se esclarezcan los hechos», añadió, y subrayó que la minuta firmada el miércoles, junto a Peña Nieto, «acredita que estamos trabajando de la mano con ellos».

El diplomático aseguró que, en caso de que las investigaciones «acrediten la participación de agentes del Estado» locales o estatales, el Gobierno federal asumirá su responsabilidad «conforme a sus obligaciones internacionales».

A su juicio, «el Estado tendría la obligación de reparar conforme a los estándares internacionales».

Respecto a la atención mediática internacional al caso de Iguala, aseguró que «no es menor» que la que hay dentro de México, y «es reflejo de la contundencia con la que se ha respondido», además de «del peso que ocupa México en el escenario global».

«No lo vemos (la atención internacional) como una cancelación de la buena imagen que habíamos obtenido, lo vemos como una llamada de atención muy importante y muy clara, sin ambigüedades, y estamos respondiendo con la misma transparencia, sin ambigüedades», subrayó.

«Nadie esconde -aseguró- la gravedad de lo que ha ocurrido tanto en Tlatlaya como en Iguala, pero nunca habría visto usted hace apenas unos años una respuesta tan contundente del Gobierno y de la sociedad. Gobierno y sociedad han cerrado filas para dar una respuesta y exigir la verdad y la justicia».

Gómez Robledo también rechazó la afirmación reciente del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, de que el Gobierno de Peña Nieto «improvisa» su estrategia de derechos humanos a medida que aparecen crisis en el país.

«Eso -zanjó- yo no lo comparto, decir que improvisa cuando hemos cumplido con todas las recomendaciones que nos ha hecho HRW justamente, en temas tan importantes como el de la jurisdicción militar».