Pese a alto costo, Contraloría del DF buscará se paguen multas por L-12

México, DF, a 27 de noviembre de 2014.- El contralor del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida, informó que pese a lo exorbitante que puedan ser algunas sanciones impuestas a ex funcionarios señalados como responsables de las fallas registradas en la Línea 12 del Metro (algunas de hasta 5 mil millones de pesos), su dependencia “tratará” de ejecutar las multas fijadas.

“Los montos sumados obedecen a la integración de todas las sanciones, son individuales y particularizantes a cada servidor público y corresponden a cada acto y en éstos se fijaron los términos de afectación. Nosotros atendemos el principio de constitucionalidad para imponer las sanciones, en relación a la afectación causada”, explicó.

Al término de la presentación del evento Principales Resultados del Programa Saludarte 2013- 2014, el contralor general del DF, fue cuestionado sobre el segundo listado recientemente publicado de funcionarios y empresas que serán sancionadas por las fallas a la Línea 12 del Metro.

Se le cuestionó sobre si existe en realidad posibilidad alguna que una persona, como el ahora ex director del área de Construcción de Obras de Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, quien fue multado por un total de 5 mil 589 millones 87 mil 628 pesos, tenga la posibilidad de pagar esa sanción económica, a lo que contestó que a la Consejería sólo le corresponde fijar los montos.

“Se tendrá que pagar porque está fijado. Ése es el punto de efectividad. Nosotros realizaremos toda la contención jurídica para fijar este principio y tratar de ejecutar las sanciones que se están fijando, el mecanismo de ejecución corresponde a las personas sancionadas para el ejercicio de su cumplimiento”.

Más allá de lo anterior, el funcionario, informó que la mayoría de las personas sancionadas en este nuevo paquete de sancionados han buscado apoyo jurídico, por lo que adelantó que la Consejería defenderá hasta último momento su posición, dado que la determinación de las sanciones atiende a un principio constitucional de afectación o daño patrimonial causado.

Finalmente indicó que aún quedan ocho auditorías por realizarse y el tercer paquete de sanciones que sale en enero.