Suma Veracruz 16 periodistas asesinados desde el año 2000

MÉXICO, DF, 31 de enero de 2015.- Frívolo, Clemente Noé Rodríguez Martínez narraba ante las autoridades el asesinato del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, el decimoprimero en el estado de Veracruz durante la gestión del priísta Javier Duarte de Ochoa.

“(…) ‘el Harry’ comenzó a cortarle el cuello, se lo cortó por completo”, dijo sin que su voz y sus gestos dejaran entrever algún arrepentimiento por la atroz manera en que fue privado de la vida el director y editor del semanario comunitario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo.

Con la declaración del autoinculpado, la Procuraduría General de Justicia del Estado cerraba el caso del primer periodista asesinado en México en 2015, sin investigar más a fondo.

El crimen de Sánchez Cerezo se convirtió en el periodista número 16 asesinado en Veracruz desde el año 2000, incluidos los casos de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, asesinada en la capital del estado a finales de abril de 2012, y el del reportero policiaco de los diarios Notisur y Liberal del Sur, Gregorio Jiménez de la Cruz, hallado sin vida en el municipio de Las Choapas, en febrero del año pasado.

Un favor muy especial

En su confesión, Clemente Noé señalaba directamente a Martín López Meneses, chofer del alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien diera la orden de secuestrar al reportero el pasado 2 de enero, a cambio de darle protección policiaca al declarante para poder vender libremente droga en la región.

López Meneses, quien también fungía como su escolta particular y subdirector de la Policía Municipal de Medellín, le pidió un favor “muy especial” para desaparecer a una persona, según la versión de Rodríguez Martínez.

“Ya cumplimos con la orden que había dado el señor Alcalde de Medellín de Bravo”, dijo textualmente Rodríguez Martínez, lo que le había confirmado ‘el Harry’, quien supuestamente habría degollado al comunicador de 49 años de edad, junto con la complicidad de ‘el Moy’, ‘el Piolín’, ‘el Chelo’ y ‘el Olmos’.

El proceso de desafuero

Ante las evidencias encontradas, el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmaba la noche del domingo 25 de enero que el cuerpo hallado en un paraje de la zona conocida como Jamapa, correspondía al periodista y activista Moisés Sánchez.

Inmediatamente, la Fiscalía de Veracruz anunciaba que pediría el fuero constitucional al alcalde panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, por su presunta responsabilidad en el asesinato.

A pocos días, en un insólito hecho, el Fiscal de Veracruz entregó al Congreso estatal un grueso expediente de las pruebas recabadas sobre la investigación del crimen del periodista, y con ello inició la solicitud de Juicio de Declaración de Procedencia y el proceso de desafuero al alcalde Omar Cruz. Atípico cuando existen 10 asesinatos más contra el gremio en el estado que no han sido esclarecidos.

De acuerdo a la Ley de Juicio Político para efectos de proceder penalmente contra servidores públicos, queda establecido en el artículo 78 de la Constitución Política del estado de Veracruz, que a la letra dicta:

“El Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en contra de: los Diputados; el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos”.

En tanto, el Congreso de Veracruz deberá actuar en lo conducente conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 al 24 de la Ley de Juicio Político, en un proceso de desafuero que podría tardar hasta 30 días y se requieren al menos de 34 votos de legisladores:

El Congreso del Estado determinará la procedencia de la denuncia a través de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales.

La denuncia deberá radicar en la Secretaría General del Congreso del Estado, y se ratificará ante el Secretario General en el plazo de los tres días siguientes.

Una vez ratificada, se enlistará en la siguiente sesión para que el Pleno, o la diputación permanente, según sea el caso, la conozca y la turne a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales.

Recibida la denuncia, las Comisiones Permanentes Unidas determinarán, en el plazo de tres días siguientes, si el denunciado es servidor público conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado.

Si la denuncia satisface los requisitos, se formulará el dictamen previo y lo depositarán, junto con el expediente, en la Secretaría General; éste turnará el dictamen previo y el expediente a la Comisión Permanente Instructora, en el plazo de tres días.

A su vez, la Comisión Permanente Instructora emplazará al denunciado, para que en el plazo de siete días siguientes al que surta efectos la notificación, exponga lo que a su derecho convenga, por comparecencia personal o por escrito.

Vencido el plazo, se practicarán las diligencias necesarias con base en las manifestaciones del denunciado, y se notificará personalmente al denunciante y al denunciado la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. Éstas se desahogarán dentro de diez días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado.

Se dictaminarán los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

Si de las constancias del procedimiento responsabilizan al servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará que está legalmente comprobada el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y la propuesta de sanción que deberá imponerse.

En una sesión del Pleno enlistada para su acuerdo, se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno. Incluso si el Congreso se encuentra en receso, la Secretaría General solicitaría a la Diputación Permanente convocar a sesión extraordinaria, para citar al acusado y a su defensor.

El récord mundial de Javier Duarte: 11 asesinatos de periodistas

Para el diputado federal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el crimen de Moisés Sánchez tiene un mal manejo de la procuración de justicia de Veracruz, pues ni siquiera los familiares están convencidos de que el cuerpo hallado corresponda al del comunicador. Incluso cabe la posibilidad de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso.

Más allá de los 30 días que puede durar el proceso del posible desafuero contra el alcalde panista de Medellín de Bravo, lo más grave “es que en menos de un sexenio tengamos 11 periodistas asesinados en Veracruz. Ese es un récord de carácter mundial, eso –Javier– Duarte no lo va borrar ni con todas aguas de los mares del planeta”, dice en entrevista para Quadratín México.

Huerta Ladrón de Guevara dice que en la opinión pública no hay claridad; considera que se necesitan otros peritajes para saber este asunto, pues llama su atención la celeridad con que la Procuraduría estatal deslindó responsabilidades al alcalde Omar Cruz Reyes, “la velocidad con la que quieren acudir a un proceso de desafuero”.

“En términos de Ley de Veracruz puede estar en los 30 días para procesar el juicio cuando hay un consigna por parte del Gobierno estatal, como no hay división de poderes en Veracruz, puede ser un actuación expedita para querer demostrar, una habilidad para callar a los ciudadanos que dudan que se esté actuando con toda la imparcialidad que se requiere”, expone.

Pero más allá del proceso político, el legislador activo en temas de la entidad veracruzana señala que lo más grave en el caso es el déficit que se arrastra en el país de crímenes contra periodistas, en particular Veracruz.

De acuerdo a la organización Artículo 19, 82 periodistas han sido asesinados por su labor informativa desde 2000, 16 de ellos en la entidad jarocha, una estocada para el gremio periodístico.

“Esa mancha ya no se la quita Javier Duarte”, como lo manifestó el legislador.