El Sistema Penitenciario Nacional, en crisis: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo de 2016.- El Sistema Penitenciario Nacional atraviesa por una “grave crisis” debido a problemas ubicados en estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social, situación vulnerabilidad, así como integridad física y psicológica en las que viven los presos, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Congreso de la Unión.

El organismo que dirige Luis Raúl González Pérez consideró que las dificultades se derivan ante «la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir».

En el documento Supervisión Penitenciaria, entregado este martes al Senado de la República, del que Quadratín México tiene una copia, la CNDH aclara que «de ninguna forma se pronuncia por buscar condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria».

González Pérez advirtió al Poder Legislativo que la institución hace una «exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a los derechos humanos en los centros penitenciarios del país”.

La CNDH, con base en la aplicación de una serie de visitas a los centros de reclusión del país, reprobó a 13 de las 32 entidades del país en el marco de las condiciones en las que residen aquellas personas privadas de su libertad.

Quintana Roo encabeza la lista al obtener, de un máximo de diez, una calificación de 3.66; le sigue Nayarit (3.97); Tabasco (4.89); Guerrero (5.01); Oaxaca (5.09); Nuevo León (5.2); Sinaloa (5.28); Hidalgo (5.23); Baja California Sur (5.49); Morelos (5.49); Campeche (5.57); Chiapas (5.57); y, Michoacán (5.88).

Mientras que la CNDH ubica a Guanajuato con calificación más alta (7.59); seguido de Aguascalientes (7.57); Querétaro (7.34); Baja California (7.23); Puebla (6.84); Chihuahua (6.77); Jalisco (6.67); Ciudad de México (6.55); Colima (6.55); Durango (6.4); Sonora (6.34); Coahuila (6.3); San Luis Potosí (6.12); y el estado de México (6.01).

Por ello, la CNDH solicitó a las autoridades federales a retroalimentarse con las autoridades penitenciarias, y supervisar su actuación, a fin de tener un impacto positivo para determinar las políticas públicas que determinen las acciones de mejora continua de los centros, a efecto de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas internas.

El diagnóstico nacional de Supervisión Penitenciaria se diseñó mediante un enfoque integral sobre las situaciones que imperan en el sistema penitenciario del país, «incorporando las directrices establecidas en materia de los derechos humanos a fin de reflejar con precisión la realidad en los centros evaluados bajo esta perspectiva, añadió la CNDH.

En partes del documento se especifica que hay que favorecer la retroalimentación de información con las autoridades penitenciarias para la realización de la supervisión, a fin de tener un impacto positivo y que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) sea utilizado para determinar las políticas públicas que determinen las acciones de mejora continua de los centros, a efecto de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas internas.