El dilema de la Cartilla Moral/Felipe de J. Monroy

De manera intuitiva y casi unánime, los obispos católicos de México han rechazado, con inusual severidad, promover la reedición del texto Cartilla Moral escrito por el inmenso Alfonso Reyes y rescatado por la administración lopezobradorista (no sin dejarle varios ajustes –algunos terribles– que se hicieron en el sexenio de Salinas) para combatir «la decadencia social por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales».

Las razones por las que los pastores católicos, a diferencia de los pastores de otras denominaciones religiosas (los líderes evangélicos de Confraternice se comprometieron a distribuir 10 mil ejemplares en sus templos), se han desmarcado y han hasta criticado al gobierno por la divulgación de este material se pueden resumir de la siguiente manera: Uno. Aseguran que la Iglesia católica tiene textos formativos más completos y complejos sobre los valores morales (la Biblia, primordialmente). Dos. Aseguran que la Iglesia católica se ha comprometido en la formación moral popular desde siempre (la catequesis, suponemos). Y tres. Que el Estado vulnera la sana laicidad y el marco legal vigente al confundir las fronteras de las responsabilidades de la administración pública con aquellas trascendentales propias de las asociaciones religiosas.

Hay que señalar que, también de manera unánime, los jerarcas católicos reconocen –y hasta comparten– la lectura del presidente López Obrador sobre la necesidad de que la sociedad mexicana reflexione y participe en un fortalecimiento de los valores que promuevan la inviolable dignidad de la vida humana, del servicio trascendente e irremplazable que ofrece la familia a toda la sociedad, de la urgente puesta en práctica de la cívica y ética en las comunidades, e incluso de lo urgente que es asumir el cuidado de la naturaleza y el amor a la morada humana.

Temas que, por cierto, son los que aborda el texto original de Alfonso Reyes con sencillez, con amplia mirada moderna y contemporánea (por supuesto, también limitada a su tiempo), con inclusión y respeto a todas las formas de pensamiento que legítimamente desean explorar las razones del deber moral, la obligación moral o la acción correcta en los dilemas de moral humana aun asumiendo los dolorosos sacrificios de sus decisiones.

Entonces ¿por qué no querrían la jerarquía católica y otras religiones ayudar a que los ciudadanos se acerquen a estas reflexiones? ¿Por qué desautorizan y ningunean (se le ha llamado ‘folleto moralizante’, ‘ocurrencia’ y ‘proselitismo político’) un escrito que podría apoyar a que siquiera algunas personas recuperen una mirada crítica sobre las dominantes ideologías de mercado, de relativismo moral y de utilitarismo social? Algo que, por desgracia y a pesar de todos los esfuerzos de evangelización y catecismo, no han logrado defender ni promover como quisieran en la moral popular, como el intrínseco valor de la vida humana, el papel de la familia en la sociedad, el cuidado de la naturaleza o la aspiración al bien común.

Las respuestas podrían ser demasiado simples: porque las instituciones religiosas tienen una calificación de confianza social muy superior a las instituciones políticas en México y no pretenden utilizarla a favor del régimen actual, porque consideran que la función del gobierno federal es cuidar la normativa del Estado y no promover reflexiones morales o porque los parches salinistas al ‘textito de un regiomontano católico, muy católico” –como lo definió Beatriz Gutiérrez Müller– básicamente diluyen en relativismo postmoderno los principales argumentos morales de la cartilla original (hay cambios tan radicales como sustituir “la apreciación del bien” por “la práctica del bien”. cfr. Lección IV. Las normas o preceptos morales).

Pero quizá la razón más evidente es que la actual Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe expresamente que las iglesias o los ministros realicen cualquier tipo de propaganda a asociación política alguna y esa prohibición incluye doctrinas de partidos políticos, posturas de candidatos y, por supuesto, discursos de gobiernos.

Entonces, ¿por qué querría el gobierno federal que las iglesias y asociaciones religiosas difundan esta Cartilla Moral? ¿Qué criterios de distribución serían insustituibles como para necesitar que los pastores o líderes religiosos se den a la tarea de recomendar el texto incluso violando los márgenes de la ley? ¿Qué resistencias puede encontrar también el gobierno federal en las inmensas instituciones estatales (como pasó en 1992 cuando la entonces lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, rechazó distribuir 700 mil ejemplares de la reeditada Cartilla Moral promovida por Salinas) como para involucrar ahora a los líderes religiosos?

En fin, la Cartilla Moral y la divulgación por parte de los ministros de culto es en sí mismo un dilema entre dos requerimientos incompatibles. Por un lado: Es imponderable que todas las instituciones y organizaciones sociales participen en la promoción de una reflexión moral en la sociedad. Y por el otro: Las asociaciones religiosas están impedidas por el Estado (y algunas por sus propias normas) para participar en la difusión de discurso gubernamental y viceversa.

La solución a este entuerto podría ir en dos vías: en la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas (imperante tras la reforma constitucional del 2011) para que la madurez cívica juzgue desde la convicción del Estado laico los actos de plena libertad religiosa accesible a todos los credos en México. O, en lo que el propio Reyes escribió en su Cartilla y que tanto el salinismo como el régimen de la Cuarta Transformación omitieron: “El verdadero pacifismo consiste en crear alianzas y armarse contra la conquista… la patria es el campo natural donde ejercitamos nuestros actos morales en bien de la sociedad”.

@monroyfelipe