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MÉXICO, DF., 25 de marzo de 2015.- El presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el marco del Informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que México tienen mucho que hacer en la materia, pero que en todo caso, el ejecutivo federal ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Previo a la intervención de Peña, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, explicó que el caso Tlatlaya y el de Iguala, han generado un despertar de la conciencia en la sociedad sin igual. “La sociedad mexicana no confía en sus instituciones, inclusive la CNDH; lo ven como elemento discursivo y no práctico”, dijo González.
El máximo responsable de la CNDH informó que en el último año se han abierto 8 mil 455 expedientes, con 55 recomendaciones a 17 autoridades.
Entre las instituciones que lideran el ranquin, está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 8 recomendaciones, el Gobierno de Oaxaca con 7 y la Procuraduría General de la República con 4. El IMSS vuelve a ser el primero en obertura de expedientes con casi mil 600. La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), tienen 642 y 450 expedientes abiertos, respectivamente.
González destacó que los parámetros internacionales son los mejores para atender casos como el de Tlatlaya, donde fueron asesinados 22 jóvenes desarmados por el Ejército mexicano, y en esta dirección, reconoció que en 5 ocasiones no se le hizo caso al Ombudsman de la CNDH.
Por lo que respecta a violaciones graves de Derechos Humanos, la CNDH solo emitió una recomendación al gobierno de Puebla, por el caso en julio de 2014, de la muerte de un niño por un proyectil en San Bernardino de Chalchihuapan.
En cuanto a las denuncias a servidores federales, de 148 denuncias, 124 continúan en curso, 24 han concluido, y solo en 7 hubo sanción.
González admitió que hay casos en donde la sanción no se compara a la gravedad de la violación de los derechos, por ello, comentó que serán más estrictos con las denuncias a la administración y que la omisión o falta de apego a la legalidad, constituye una nueva violación a los Derechos Humanos, que revictimiza y violenta a la víctima.
Por último, el presidente de la CNDH reportó que hay procedimientos inadecuados por parte de las instituciones, y que existe un rezago en la resolución de expedientes, donde casi la tercer parte se encuentran en trámite.
Peña se mostró más optimista en su discurso. El presidente de la República se alegró que en el último año se hayan reducido en casi un 22 por ciento las denuncias presentadas ante el organismo. De estas, hubo una disminución del 60 por ciento a dependencias federales.
“El gobierno ha articulado una verdadera política de estado en Derechos Humanos”, dijo Peña.
En esta dirección, explicó que se ha avanzado en tres ámbitos como son la difusión de una cultura de los derechos, en la capacitación de casi 10 mil 500 integrantes del ejecutivo federal y en la creación de leyes de protección como la Ley de Víctimas, la nueva Ley de Amparo, y otra dedicada a los defensores de Derechos Humanos y periodistas.
Por lo que se refiere a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, Peña informó que se está avanzando en la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y en un banco nacional de datos genéticos, que permita identificar restos en cualquier parte del país, mediante pruebas de ADN.
Por último, Peña declaró que se están renovando los protocolos de las instituciones y adoptando las mejores prácticas internacionales, al fin de garantizar investigaciones oportunas e imparciales.