Investiga a México la Corte Penal Internacional

MÉXICO, DF, 31 de octubre de 2014.- Desde el pasado jueves el Estado Mexicano está siendo investigado por la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, particularmente en la Península de Baja California, informa la mañana de este viernes la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

El organismo -que agrupa a los 178 organismos internacionales de derechos humanos más influyentes-, junto con dos organizaciones mexicanas, llevó a la Fiscalía de la CPI una amplia investigación titulada México, informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y 2012.

El documento en poder de Quadratín señala “que existe una base razonable para creer que crímenes de competencia de la CPI se han cometido en México, específicamente en Baja California, principalmente crímenes de lesa humanidad, de asesinato, tortura, violación sexual, privación grave de la libertad y desaparición forzada”.

El informe señala que en México en general, y específicamente en Baja California, las instituciones de seguridad del Estado (militares, cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, “en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar”.

El informe –que suscriben también la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC- subraya que las acciones del Estado Mexicano contra la población civil “no son esporádicas ni aleatorias, sino planificadas, que siguen un patrón específico y que se realizan como parte de una pauta de conducta encaminada a llevar a cabo estos actos en aras de asegurar la legitimidad de una política de Estado que se revela, entre otros, por los recursos utilizados, en particular de instalaciones militares y de policía, con métodos de tortura comunes en diferentes municipios”.

Las 178 organizaciones que demandan al Estado Mexicano también solicitaron a la Fiscal de la CPI que anuncie públicamente un análisis preliminar sobre México y que realice una misión investigadora al país para comprobar la seriedad de los hechos”.

A reserva de las conclusiones a las que llegue la Corte Penal Internacional del caso de Baja California, las conclusiones del informe en el que la FIDH basa su denuncia son verdaderamente inéditas en México.

Según La FIDH, no queda duda de que en “México, entre los años 2006 y 2012, se han cometido crímenes de asesinato, tortura y privación grave de la libertad como parte de un ataque sistemático, y muy probablemente generalizado, contra la población civil como parte de una estrategia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, principalmente de los militares conjuntamente con policías estatales y municipales, de producir ‘sospechosos’ a través de confesiones arrancadas a través de torturas y fabricación de pruebas, con el fin de mostrar resultados para asegurarse la legitimidad de la política de seguridad y la ‘guerra’ contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Por estos hechos, añade el reporte, no se ha investigado ni juzgado penalmente a ningún alto mando militar o de policía implicados.