Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

López Obrador contumaz violador de la Constitución. Miente e insulta todos los días aplaudido por una muchedumbre allegada a su vocero 

López Obrador ha sido permanentemente un contumaz violador de la Constitución y de las leyes secundarias. Lo ha sido así a lo largo de su sexenio. Obstinado, terco, agresivo, majadero y con muy poco temple de estadista. Convirtió su soliloquio mañanero en un ring de insultos y ataques, aplaudido por una muchedumbre de “supuestos” periodistas afines a su vocero, en donde los ofendidos y afectados jamás tuvieron el derecho de réplica.

Ejemplos sobran. Recuerdo el caso de la filtración ilegal de los datos personales de 263 reporteros que cubrían sus actividades en la presidencia, o la difusión pública del número telefónico de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, o los datos confidenciales de varios periodistas críticos como Loret de Mola su villano favorito. También los insultos a Xóchilt Gálvez, a la cual no dejaron entrar a Palacio Nacional, como tampoco a Cecilia Flores, la sonorense que preside una asociación de madres buscadoras de desaparecidos. Ellas demandaban el derecho de réplica.

Se pasa por el arco del triunfo, las órdenes del Instituto Nacional Electoral (INE) que le demandó a la Presidencia de la República eliminar de sus canales oficiales o editar los videos y las versiones de las conferencias matutinas donde Andrés Manuel López Obrador se entrometió en el proceso electoral. Es más, acusó al INE de ejercer una “mano negra” en los debates presidenciales, y arremetió contra el organismo por permitir que todas las preguntas del primer debate señalaran deficiencias en el balance de su gobierno; tras reiterar que “los dados están cargados”, insistió en que “va muy bien todo el proceso, la campaña”. Nada más que se le olvidó que su gobierno será calificado por los ciudadanos y su nombre no estará en las boletas ¿o sí?

Preguntado sobre el contexto político, López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial Federal por dar cabida a una denuncia anónima que acusaba presuntas malversaciones de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, cuando encabezaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). López Obrador defendió a Zaldívar, quien es ahora un cuadro de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

También arremetió contra el “bloque conservador”, encabezado según él por el empresario Claudio X. González, al que acusó de llevar a cabo una “guerra sucia” en su contra en redes sociales y de “cucharear” resultados de encuestas de popularidad. Aprovechó otra pregunta sobre Ayotzinapa para atacar al senador Emilio Álvarez Icaza, recién nombrado representante del PRD ante el INE.

Ahora, utilizó a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, así como los canales oficiales de la Presidencia para difundir información personal de la académica, escritora y ex funcionaria de la Secretaría de Gobernación, María Amparo Casar Pérez, sobre el cobro del seguro de vida y la pensión con motivo del fallecimiento de su esposo, hace veinte años y que fue empleado de Pemex. López Obrador y Oropeza sostienen que se suicidó y por ello no tenía derecho ni al seguro ni a la pensión. Y esgrimieron, a manera de excusa, que pueden difundir los datos personales de Casar y sus hijos, ya que se trata de “un acto de corrupción”, pero primero tienen que probarlo ante un juez.

López Obrador violó flagrantemente los artículos primero y 16 de la Constitución. El primero señala que en “los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En el caso del artículo 16 se establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Otra más, Según la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19, hubo en México 808,169 muertes. De ese total, 300 mil pudieron evitarse con un manejo responsable de la pandemia. Además, la pandemia dejó 215 mil niños huérfanos de padre, madre o de ambos. 310 mil perdieron a la persona que se encargaba de su hogar.

Con sólo 7.3 por ciento de la población del país, Ciudad de México registró 24 por ciento de las muertes. En Ciudad de México la esperanza de vida al nacer bajó 9.2 años, más del doble de la media nacional, que cayó 4 años. La consigna “Quédate en casa” hizo que miles llegaran tarde a los hospitales; 60 por ciento de los enfermos terminó en consultorios y farmacias privadas.

Hay otros datos reveladores: el 95 por ciento de los fallecidos murió en soledad; 44 por ciento de los hospitalizados murió, frente a 10 o 15 por ciento de otros países. Murieron 4 mil 843 profesionales de la salud tratando de salvar la vida de otros porque el gobierno no los quiso vacunar. En ningún otro país murieron tantos.

La tasa de mortalidad materna se disparó 59 por ciento entre 2019 y 2021. La tasa de defunciones perinatales aumentó 18 por ciento. La carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16 por ciento de la población en 2018 a 39 por ciento en 2022.

El gasto promedio de los hogares en salud aumentó 38 por ciento entre 2018 y 2022. En el decil más pobre de la población el aumento de su gasto en salud fue de 74 por ciento. Los pobres fueron los más afectados. Un millón de negocios cerró definitivamente. 10.6 millones de trabajadores perdieron su empleo.

Para octubre de 2022 sólo se había puesto el esquema completo de vacunación covid-19 a 62 por ciento de la población. Al final de 2022, el 100 por ciento de los niños menores de 5 años estaba sin vacunar contra el covid-19. Se dio una privatización de facto de la salud: en 2018, 43 por ciento se atendía en el sector privado; para 2021 era 57 por ciento.

En respuesta a estos duros datos, que enlutaron a miles de hogares mexicanos esto fue lo que respondió López Obrador:

“Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo, para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno en un caso tan triste, tan lamentable, como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. Y si ustedes ven quiénes son los patrocinadores, son como los abajo firmantes; si hacen un cruce, ahí lo van a encontrar, son los mismos. Nosotros tenemos nuestra consciencia tranquila, trabajamos mucho para salvar vidas. México fue de los primeros países en el mundo en obtener la vacuna, pero no sólo eso, en cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores de México con una primera dosis. Y se evitaron muchísimas muertes porque pusimos de pie hospitales, se consiguieron equipos que no había. Porque imagínense cómo heredamos al sector Salud, y nos unimos. Nos ayudó mucho la Marina, la Secretaría de la Defensa; se distribuyeron por todo el país más de 200 millones de dosis de vacunas, y siempre con la oposición, que realmente están mostrando que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, que trafican con el dolor de la gente, que lo único que les importa es el dinero y están obnubilados. Vamos a informar pronto, se va a dar respuesta a ese pasquín inmundo, que le debería de dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso; además, por canallesco.

Cecilia Flores, la sonorense que preside una asociación de madres buscadoras de desaparecidos y que informó sobre un probable “crematorio” y una fosa clandestina en el oriente de la capital, en base a datos que le proporcionaron otras madres buscadoras capitalinas, está siendo linchada por el oficialismo en un vil acto de venganza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el sustituto jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, se apresuraron para acusarla de haber hecho un “montaje” porque, según sostienen, los restos encontrados en los límites de Iztapalapa y Tláhuac son de perros, además de que en ese lugar ningún cadáver quemado ni enterrado.

Pero a la señora que señalan de participar en una conspiración de la “derecha, los conservadores y corruptos” que alucinan, y en su imaginación quiso manchar la imagen del impoluto y del ineficiente gobierno de la cacareada cuarta transformación, no le perdonan haber viajado desde su natal sonora y haberse plantado ante Palacio Nacional con la pretensión de entregarle a López Obrador una “pala de mando” para recordarle que es el gobierno y no los familiares de los desaparecidos quien debe excavar en busca de sus secuestrados y asesinados. Y ante la renuencia de AMLO a recibirla, ella anunció que subiría a las redes una ficha de búsqueda de López Obrador sobre la consideración que “desde que ganó las elecciones y entró a Palacio Nacional, desapareció” para las víctimas. “le quedó grande la silla”, dijo Cecilia Flores.

La administración capitalina se apresuró a dar los resultados de sus pesquisas sobre el crematorio clandestino, situación que contrasta después de siete semanas sobre las sustancias que contaminaron el agua en colonias de la alcaldía Benito Juárez y su procedencia.

Podemos deducir, como se ven las cosas, que de los 103 mil desaparecidos desde que se lleva este registro –en 1964–, 50 mil son del sexenio de López Obrador. Es decir, uno de cada dos. Pero de esos miles y miles solo le ha interesado buscar a uno, que es el del general revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, exiliado en tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, muerto y desaparecido en una batalla en Panamá. Ya los 43 más uno de Ayotzinapa pasó a la estadística.