0lógrafo/Víctor Manuel Juárez

La guerra contra las drogas es y será una guerra sin fin que seguirá cobrando miles de muertos  y pocos dividendos para los países productores.

En tanto que para los países consumidores, fundamentalmente las naciones ricas, el negocio seguirá creciendo en las esferas del poder. Como se ha ilustrado siempre: “nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las armas”.

El poder económico del narcotráfico y las poderosas bandas delincuenciales es tan enorme que no sólo compra conciencias privadas y públicas, sino que es capaz de infiltrar y corromper a las mismas autoridades creadas para su combate.

Bastaría recordar la reciente fuga del narcotraficante más famoso y peligroso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, de  un penal de alta seguridad, en las mismas narices (o monitores) de las instancias más calificadas para el combate contra el narcotráfico y sus personeros más siniestros. Los miles de millones de dólares que se obtienen de su cosecha, elaboración, trasiego y venta en los mercados estadounidenses y europeos se traducen en armas de alto poder y el dinero suficiente para corromper todo lo que tocan, desde celadores hasta altas autoridades, municipales, estatales y federales.

En nuestro país existen ya amplias zonas controladas por el narcotráfico como son los estados de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, aunque no se salvan de la presencia de las bandas criminales otras entidades como Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y hasta –aunque se niegue insistentemente— la misma capital de la república. Si no me equivoco la única entidad del país que está más o menos libre del terrible mal que nos agobia desde hace ya varios lustros es Yucatán.

Para los mexicanos esta guerra se traduce en una imparable espiral de violencia, miles desaparecidos, incremento en la violación de los derechos humanos, crecientes actos de tortura y secuestro, policías comprados por el crimen organizado y a su servicio, así  miles de jóvenes consumidores en cárceles tratados como criminales. Las cifras más conservadoras hablan de no menos de 150 mil, entre adolescentes y jóvenes, atrapados tras las rejas por darse “un toquesín” en la calle.

Es por ello que el paso que dio hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es histórico y un audaz golpe al narcotráfico y sus actores diversos al fijar un criterio en torno al consumo lúdico o recreativo de la cannabis, al autorizar el derecho de cuatro quejosos a sembrar, cosechar, preparar y transportar mariguana para exclusivo consumo personal.

No digo que con ello se acabe el combate al narcotráfico y se neutralice del todo a los poderosos capos, pues ellos seguirán moviendo las drogas duras y más adictivas como la cocaína, la heroína y diversas sintéticas. Empero, el consumo de la cannabis ya no será tratado criminalmente, sino como un asunto de salud. Así, el consumidor no dejará el dinero en manos de los narco menudistas y éstos en las bolsas de los narco mayoristas, sino que acudirá a un dispensario a comprar la dosis que requieran, como lo hacen los adictos al alcohol o al tabaco que acuden a las licorerías y tiendas de conveniencia.

Cada quien en el uso de su libertad y propio albedrío decidirá si la consume o no y cuanto consume sin afectar los derechos de los terceros. Hasta ahora sabemos que tanto el cigarro como el alcohol son más adictivos y tóxicos que la cannabis. Empero, su consumo, traslado y comercialización no está prohibido. El número de accidentes y daños causados por el uso indebido de las bebidas etílicas es aterrador, como lo es el número de fallecidos y heridos por el consumo indebido de esta substancia.

El consumo de cannabis entre nuestros jóvenes ya no es un tema prohibido, ni siquiera entre los adultos. Es un hecho y debe ser legalizado y reglamentado. No se trata, como piensan muchos, que ello abrirá las puertas para que los adolescentes accedan fácilmente a  la cannabis como lo hacen con el alcohol y los cigarros. Se trata de que no se criminalice al consumidor, en tanto no afecta a terceros. Que no sea objeto de extorsión y maltrato de parte de los uniformados. Se trata de que ese dinero no pare a manos de los cárteles sino en el  erario vía impuestos. Se trata de ir acotando ésta guerra que tantos muertos nos ha dado.