A 2 años de envenenados sus ríos, sonorenses sin justicia: GPPRD

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto de 2016.- A dos años de la grave contaminación a los ríos Sonora, Bacanuchi y otros seis por ácido sulfúrico, sulfato de cobre y metales pesados, ninguna de las acciones prometidas por la minera Grupo México y el Gobierno Federal para resarcir el daño se ha cumplido, por lo que miles de sonorenses siguen expuestos a daños en su salud y a la falta de atención médica.

De acuerdo con un comunicado, los diputados Omar Ortega Álvarez y Fernando Rubio Quiroz, demandaron la intervención del Congreso de la Unión ante las criminales acciones y omisiones de la empresa y del gobierno, pues todo parece indicar que la permisividad de éste hacia el primero es una constante en perjuicio de la salud de los mexicanos y del medio ambiente nacional.

Tal como lo señalara el grupo ecologista Greenpeace –dijeron-, pareciera que el gobierno pone al país en remate para que quien quiera venga y haga negocios sin importar cuánto afecte a los ecosistemas, la salud humana y la sustentabilidad, lo que una vez más desnuda al gobierno mexicano como un farsante en materia de cuidado al medio ambiente y como cómplice de los depredadores ambientales.

Ambos legisladores perredistas recordaron que el 6 de agosto de 2014 la mina “Buenavista del Cobre”, perteneciente a Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, sulfato de cobre y altas concentraciones de metales pesados en los ríos Bacanuchi, Sonora, San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, lo que desde el principio fue calificado como el peor desastre ambiental a manos de la industria minera en México.

Ante el escándalo, supuestamente el gobierno federal obligó a la empresa a resarcir los daños y para ello se creó un fideicomiso mediante el cual se retribuiría a las más de 20 mil familias perjudicadas de siete municipios afectados por la contaminación de los afluentes.

Además, se crearía la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) para atender a las personas afectadas, se perforarían pozos de agua para sustituir el abasto de los ríos contaminados, y se instalarían y operarían 37 nuevas plantas potabilizadoras.

Todo quedó en burla y burda maniobra para dejar en la impunidad a Grupo México. Los datos del Fideicomiso están desactualizados y, según el portal de internet de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), su más reciente estado de cuenta data del 6 de junio de 2015 y reporta el ejercicio de sólo 49 por ciento de los dos mil millones de pesos comprometidos.

Tales recursos además se ejercieron –si es que se ejercieron- en la más completa opacidad, pues las autoridades no dejaron participar a la población afectada en las decisiones sobre el destino de los recursos.

“Lo cierto –dijeron Ortega Álvarez y Rubio Quiroz- es que la UVEAS no se construyó y, al contrario, Grupo México cerró una clínica provisional el pasado 30 de junio. Sí se perforaron pozos, pero donde no había agua –como en Aconchi, Mazocahui y Baviácora- y supuestamente instaló plantas potabilizadoras, pero no operan por falta de electricidad”.

“Además de alarmante, el nivel de incumplimiento es indignante, porque la falta de ejercicio del 51 por ciento del total de recursos asignados al Fideicomiso podría ser el pretexto para su devolución a Grupo México, si es que éste los entregó. Si es así, ¿dónde están? ¿En qué se emplearon? ¿Por qué las autoridades no han informado sobre ese monto”, señalaron los diputados del PRD.