En peligro de muerte más de 526 mil niños en guarderías y estancias infantiles

Francisco Medina / Especial Quadratín México

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de junio (Quadratín México).- En enero de 2007, el presidente Felipe Calderón inauguró la primera estancia infantil, hasta el día de hoy existen 8 mil 727 en 32 entidades de la República y a seis años de operación, la mayoría de los espacios donde se cuidan a niños de entre uno y seis años de edad tiene carencias en materia de seguridad, a las que se suman las mil 800 guarderías subrogadas del IMSS que, de igual manera operan fuera de las normas de seguridad, por lo que más 526 mil infantes están en peligro de muerte.

Y es que a raíz de la muerte de 49 niños en la guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) —que tiene a su cargo la operatividad del programa de estancias infantiles— detectó en inspecciones extraordinarias que había que reforzar las medidas de seguridad en las estancias infantiles, y modificó las reglas de operación para garantizar que cada espacio contará con detectores de humo, señalización, extinguidores, techos y muros fabricados con material no flamable, al menos dos salidas de emergencia que midan 90 centímetros de ancho y no estar ubicadas en zonas de riesgo.

Según las modificaciones a las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre pasado, las adecuaciones tendrán que hacerse antes del 31 de diciembre, pero la mayoría de estancias que tienen autorización para operar no tienen condiciones necesarias para hacerlo, por lo que tendrán que cerrar o ser reubicadas.

En tanto, una situación de desorden generalizado priva en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas del IMSS, así como en su operación y supervisión. Sólo el 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo cabalmente con todos los requisitos para su funcionamiento, y de los mil 480 contratos, sólo catorce fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.

Si bien el IMSS ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar este tipo de verificaciones.

El 49 por ciento de las guarderías subrogadas carece de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen el visto bueno de los bomberos, lo que según la comisión investigadora revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.

Además, hay casi mil 800 operadas por particulares, pese a que la ley no contempla este esquema. La mayoría de ellas carecen de salidas de emergencia, están ubicadas a escasos metros de transformadores, fábricas o barrancas y hasta en azoteas; y muchas de ellas, carecen de detectores de humo y de extinguidores.

El desorden

Una auditoría practicada por los comisionados Carlos Ronzon y Rosario Mota, reveló que sólo 0.3% de las guarderías subrogadas cumple con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, sólo 14 fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.

“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, afirmó la magistrada Mota en su exposición ante el pleno de la Corte.

Agregó que si bien el IMSS ejerce supervisión administrativa de más de 87% de las guarderías, su participación en materia de protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a ese tipo de verificaciones.

“Las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en la legislación federal, estatal y municipal”, dijo.

Asimismo, 49% de las guarderías subrogadas carece de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen visto bueno de bomberos vigente, lo que según la comisión investigadora revela “un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”.

Ronzon señaló que hay un vínculo claro entre esta situación de desorden y el incendio en la Guardería ABC en Hermosillo.

“A partir del accidente, las demás (guarderías) han mostrado clara tendencia a regularizar los tres aspectos: ordenamiento de contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en protección civil”, explicó.

El magistrado confirmó que el incendio se originó por el corto circuito en un aparato de aire acondicionado mal conectado en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda de Sonora, la cual estaba llena de cajas de cartón con documentos, pero no contaba siquiera con extintores.

Esta situación de desorden generalizado que priva en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas del IMSS, así como en su vigilancia y supervisión, costó la vida a 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

El magistrado Carlos Ronzon también destacó que, a 36 años de que la Ley del Seguro Social estableció la posibilidad de que los patrones operen guarderías para sus empleados, la opción es tan poco atractiva que sólo hay 11 en todo el País, mientras que hay casi mil 500 operadas por particulares, pese a que la ley no contempla este esquema.

Sin embargo, desde 2003 existe un proyecto de reforma a la Ley del Seguro Social, el cual proponía incluir la figura de la subrogación del servicio de guarderías y con ello dar certeza jurídica al procedimiento. La iniciativa, propuesta por el entonces senador Genaro Borrego Estrada, fue aprobada por el pleno y enviada a la Cámara de Diputados, donde permanece archivada hasta el momento.

Sin embargo, Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), resaltó la fragilidad en que se encuentran las instituciones que han privilegiado los criterios economicistas por encima de la seguridad de los niños en las guarderías.

Lo primero que debe ocurrir, dijo, es corregir la desprotección social en que se encuentran las personas, tanto los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social como aquellas madres y padres de familia que dejan a sus hijos en las estancias que financia la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Es hora de anteponer los derechos de los niños a los criterios y argumentos economicistas. Con el informe de la comisión creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quedó claro que es mentira que los servicios privados son mejores o más baratos, subrayó Fuentes.

QMX/fm