Mantiene gobierno de EU, 43.2 mdd del STPRM

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo (Quadratín México).- El gobierno de México no ha podido reclamar los 43.2 millones de dólares que se encuentran incautados por el gobierno de Estados Unidos y que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) deposito en la casa de Bolsa Donaldson Lufkin and Janrette de New York, así lo denunció el coordinador general del Frente Nacional Petrolero, Jorge Fuentes García.

Indicó que el motivo, es que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca pudo acreditar los delitos de lavado de dinero, delitos contra la salud, crimen organizado y peculado, presuntamente cometidos por los líderes del STPRM y directivos de Pemex, que fueron la razón que el gobierno mexicano utilizó ante la Corte para congelar la cuenta y que el dinero fuera regresado a México.

En el fallo emitido el 20 de mayo del 2003, el cual no puede ser apelado, el juez magistrado Robert M. Levy señala que el dinero queda a disposición de a quienes por derecho corresponda, refiriéndose a la sentencia dictada por la corte de Harris, en Houston, Texas, que exige al Sindicato Petrolero pagar 218 millones de dólares a la empresa texana con sede en Las Bahamas, Arriba Limited, por un “incumplimiento de contrato”.

Indicó que la cronología de los 43.2 millones de dólares se dio a partir del 1 de noviembre de 2000 en la que el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps y el tesorero Ricardo Aldana Prieto cambiaron por dólares 390 millones de pesos, operados en el banco Banorte, con la cuenta 55901859-7, depositados “clandestinamente” en la casa de bolsa Donaldson Lufkin & Jenrette, filial de Credit Suiss, de Nueva York en la cuenta 6MH-215309.

“A estos corresponden recursos entregados en junio por 640 millones de pesos y mil 180 millones de pesos en septiembre de 2000, so pretexto de préstamo para atender expresamente el litigio de Arriba Limited.

La corte de Harris del condado de Los Ángeles California, embargó la cuenta del STPRM en la casa de bolsa de Nueva York al emitir orden de Sentencia haciendo efectiva la retención de los 43.2 millones de dólares girado el 19 de febrero de 2002.

La PGR fue enterada del juicio el 3 de mayo del mismo 2002, y en base al tratado jurídico de apoyo entre ambos países también logró el congelamiento al acusar al sindicato y sus líderes ante el gobierno de Estados Unidos de delitos contra la salud, por crimen organizado, peculado y lavado de dinero.

Sin embargo, debido a una demanda por incumplimiento de contrato del STPRM con la empresa Arriba Limited, creada en 1983 en las Islas Bahamas para que en contubernio con el Sindicato Petrolero comercializaran petróleo y sus derivados residuales de refinación, se logró la localización por parte de la empresa de la cuenta en 2001.

El coordinador general del Frente Nacional Petrolero, Jorge Fuentes García , comentó que la PGR se enteró y nunca investigo la denuncia presentada por la empresa en el oficio No. 7277/83 en la mesa cuatro, realizada por el MNP el 23 de noviembre de 1983, congelada desde entonces, sin procedimiento ni integración de la averiguación previa, “duerme el sueño de los injustos”, con todo y la causa.

Los recursos fueron entregados al sindicato en junio y septiembre de ese año a través de convenios administrativos. La primera entrega fue por 640 millones por concepto de “préstamo” y la segunda de mil 180 millones de pesos como compensaciones de incumplimiento de contratos colectivos anteriores. De ese último dinero entregado, Pemex descontó al sindicato los 640 millones de pesos que le “prestó” en junio y 250 millones debían ser destinados para atender su litigio con la empresa Arriba Limited.

El 19 de octubre del 2000 Pemex entregó al sindicato un cheque por 460 millones de pesos que depositó en su cuenta de Banorte. Parte de ese dinero fue retirado y depositado en EU.

A finales del 2001 dos interesados estaban rastreando si el STPRM tenía cuentas en la Unión Americana: la PGR y Arriba Limited.

Fue ésta última la primera en encontrar el dinero, y argumentando la sentencia de la corte de Harris, pidió al sheriff Baca, del condado de Los Ángeles, emitir una orden de embargo a los 43.2 millones de dólares para poder hacer efectiva la sentencia. La orden fue girada el 19 de febrero de ese año y el 28 se llevó a cabo el embargo.

En la resolución M-02-906 (RML), el juez Levy señala que “es negada la petición”, de congelar y permitir que los fondos de la cuenta en Donaldson, Lufkin and Janrette a nombre del STPRM, sean transferidos a la cuenta de Banorte número 559-01859-7, también a nombre del sindicato, actualmente embargada por el gobierno mexicano.

En el apartado “Background and facts”, el juez se refiere a las órdenes de aprehensión giradas por un juez en México en contra de varios individuos “por varios crímenes, incluyendo embezzlement (robo o peculado)”.

En este punto señala que el ex director general de Pemex, Rogelio Montemayor, tiene en su contra cargos por robo y uso indebido de atribuciones contra Pemex, por un monto de “2 mil millones de pesos, 209 millones de dólares”.

“De acuerdo con el gobierno mexicano, el robo de los fondos fue para pagar la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida, durante las elecciones del 2000″.

Indica que a petición del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos solicitó y obtuvo de la Corte una orden para congelar o restringir el dinero de la cuenta del sindicato en Donaldson, Lufkin & Jenrrete. “Ahora Estados Unidos (a nombre de México) busca modificar la orden de congelamiento y poder transferir los fondos a una cuenta en México, sujeta al aseguramiento del gobierno mexicano”.

“Estados Unidos aceptó la petición, sin embargo hay tres partes que reclaman interés y que han objetado la moción de Estados Unidos. Son: Arriba Limited, Billy Flanagan y una división de Donaldson, Lufkin & Jenrrete”.

En las siguientes hojas, el juez señala que si bien la Corte congeló el dinero, atendiendo el tratado de apoyo legal mutuo, y ha dado tiempo para que se acrediten los motivos de mantener el dinero restringido, “el gobierno de México ahora no se está esforzando por demostrar la causa para mantener los fondos congelados”. Sin embargo, señala, el gobierno mexicano alega que dichos fondos son propiedad del Estado porque fueron “robados” de Pemex. “Hecho que hasta ahora no ha sido adjudicado a nadie”.

Levy señala que la petición de Estados Unidos (a nombre de México), “no busca la transferencia de fondos para mantener el status quo o proteger y conservar la jurisdicción de este tribunal, o la capacidad de hacer cumplir sus juicios”, sino que pretende transferir los fondos a una cuenta bancaria en otro país, en donde aún ni siquiera se lleva un juicio sobre la supuesta procedencia de ese dinero.

“En suma, este tribunal carece del poder de conceder el movimiento (del dinero) de los Estados Unidos. Los fondos permanecerán restringidos mientras no haya un procedimiento apropiado para la liberación. Esta decisión es hecha sin afectar el embargo pendiente en Texas”.

Con esta decisión Levy negó al gobierno de México la repatriación de los 43 millones, 282 mil, 633 dólares con 78 centavos, que se encuentran en la cuenta del sindicato en Nueva York, y señaló que se puede hacer efectiva la orden de embargo en favor de la empresa Arriba Limited.

Abogados que intervienen en el caso por parte del gobierno de México señalan que la decisión de Levy es un “duro golpe” al caso del Pemexgate y un primer fracaso para recuperar parte del dinero del fraude.

Sin embargo, aseguran que no es una derrota definitiva. Afirman que en las próximas semanas habrá avances contundentes en la detención de los indiciados en el Pemexgate para satisfacer la exigencia del juez Levy de demostrar el derecho de México sobre los fondos con “hechos”. Sin embargo, reconocen que es una batalla contra el tiempo y que hay el gran riesgo de que mientras ellos reúnen las pruebas contundentes Arriba Limited cobre el dinero.

QMX/fm