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AYUTLA DE LOS LIBRES, Guerrero, 7 de marzo (Quadratín México).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se comprometió con habitantes de la Costa Chica a apoyarles en la búsqueda de justicia y abatir los niveles de impunidad que los llevaron a formar grupos de autodefensa.
“Coincido con ustedes en el problema de falta de justicia y un problema de impunidad; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos para apoyarlos sí, para apoyarlos precisamente para que no haya impunidad, para que haya una justicia adecuada”, aseveró.
“Nosotros no somos los defensores de los delincuentes y que quede bien claro, nosotros defendemos a las víctimas, defendemos a quien es víctima del delito o del abuso del poder o indolencia del poder”, aseguró.
Reunido en la comunidad de Ahuacachahue con cientos de habitantes de municipios de la Costa Chica, representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, señaló que utilizará todos los recursos legales para defender sus derechos.
Decenas de habitantes de esta zona hicieron uso de la palabra para exponer sus historias donde han sido víctimas de la delincuencia, la indolencia de las autoridades para hacer justicia y las condiciones de falta de desarrollo en esta región.
Casos de secuestro, extorsión, asesinatos fueron llenando la explanada donde se realizó el encuentro y la mayoría de los asistentes acusaron la falta de responsabilidad de las autoridades para cumplir con su deber.
Sin embargo no sólo fueron reclamos, los guerrerenses plantearon la creación de un fideicomiso de apoyo a las víctimas, para que además de la reparación del daño no queden desprotegidas las familias que han perdido alguno de sus miembros.
Al respecto, Plascencia Villanueva se comprometió a que dentro de la competencia de la CNDH, impulsará estas propuestas.
Manifestó que la Comisión es su aliada, vamos a estar aquí y voy a utilizar todos los recursos legales para ejercer y defender el derecho que tienen no solamente a que se les haga justicia ante la delincuencia sino también a que se haga efectivo su derecho al desarrollo.
En materia de seguridad, el ombudsman nacional refirió que “no hay justificación para que un gobierno incumpla con su función de brindarla y si no está en condiciones de hacerlo, “debe decírnoslo a todos para que entonces sí veamos quién se hace cargo de esos temas”.
La historia de rebeldía del pueblo de Ayutla de los Libres no comenzó el 5 de enero de este año, cuando grupos de autodefensa instalaron retenes de seguridad para proteger a sus comunidades y detener a presuntos delincuentes. Hace al menos dos décadas que sus pobladores luchan contra la pobreza, la militarización y la inseguridad.
“Hay un asedio histórico hacia esta región, porque siempre ha sido de algún modo rebelde, resistente, hay un desprecio hacia los indígenas, un trasfondo de abusos por parte de los caciques, de los grupos políticos, del Ejército, de la Policía Ministerial que ha sido cómplice de los delincuentes. Es un pueblo que históricamente ha sido lastimado y ha resistido, a la par”, dice Abel Barrera, antropólogo que ha estudiado el desarrollo de la población.
Barrera está familiarizado con las comunidades indígenas de Guerrero. Es fundador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado las luchas indígenas en temas como la militarización, el acceso al derecho a la salud, a la educación y las amenazas a los defensores de los indígenas.
Ayutla es una región estigmatizada por considerarse cuna de la insurgencia armada; ahí surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero mexicano.
Desde la década de 1990, recuerda el antropólogo, se hizo común que bajo el pretexto de perseguir guerrilleros, los militares hostigaran, detuvieran y amenazaran a los indígenas que tenían una lucha contra el gobierno, pero no armada.
Ese asedio, explica, se ha sumado a la pobreza que históricamente vive la región. Según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2010, en Ayutla de los Libres el 88 por ciento de los habitantes vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene recursos suficientes ni siquiera para comer.
Una tercera parte de sus pobladores tiene rezago educativo y no tiene acceso a servicios de salud, mientras que el 78 por ciento no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda.
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