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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre (Quadratín México).- El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, aseguró que la educación y el trabajo prevalecen como factores de exclusión con mayor incidencia en las personas con discapacidad intelectual.
En entrevista, indicó que aunque el marco legal de protección a los derechos de ese sector poblacional es amplio, aún falta implementar esas problemáticas tanto en los gobiernos locales como en las políticas públicas.
“Seguimos teniendo índices de exclusión educativa muy amplios a nivel básico y que van aumentando conforme avanzan los niveles educativos, y ello se traduce en la inmediata dificultad de acceso al empleo”, detalló.
Estos “son dos de los grandes temas que tienen que ser claros ahora de los gobiernos y de los (poderes) legislativos”, para que desde su marco de competencia “incidir en la inclusión educativa y en la inclusión laboral”, estableció el funcionario.
Manifestó que desde el Conapred realizan acompañamientos a organizaciones sociales del país que asisten a dicho sector de la sociedad, además de acciones educativas mediante diplomados en línea y trabajo de difusión de la relación que existe entre discriminación y discapacidad.
“Conapred es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y ahí hacemos una serie de propuestas para esta inclusión, como la más reciente propuesta de reglamento a la Ley General de Inclusión para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que esperamos sea publicado en breve”, expresó.
Bucio Mújica adelantó que este mes presentarán un reporte sobre la discriminación “por ámbitos de acción de la sociedad”, donde se tomarán en cuenta los derechos económicos, educativos y el acceso a la justicia.
“Y el próximo mes presentaremos a los congresos federal y estatales una agenda amplia de qué se tiene que modificar en la legislación para prevenir y reformar contenidos discriminatorios”, dijo.
Precisó que son 17 temas, que pasan desde inserción con miembros de las fuerzas armadas con VIH, situaciones de matrimonio, tutela o derecho civil, seguridad social a trabajadoras del hogar y personas con discapacidad.
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