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GINEBRA, 29 de mayo (Quadratín México).- Mientras Estados Unidos advirtió que no hay lugar para el presidente Bashar al Assad o miembros de su régimen en el futuro de Siria, Venezuela expresó su apoyo al gobierno de ese país, durante una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Para la embajadora de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra, Eileen Donahoe, el régimen sirio es responsable directo o indirecto de las atrocidades cometidas en los dos años que lleva el conflicto interno en este país.
“El régimen de Al Assad y sus partidarios que han cometido crímenes contra el pueblo sirio deben saber que el mundo está mirando y que deberán pagar por sus actos”, indicó.
En su intervención en la sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria, Donahoe destacó los esfuerzos de la comunidad internacional por abrir la vía de una solución política a esta guerra, pero recalcó que también hay que prevenir la impunidad.
En contraparte, el embajador venezolano Juan Arias señaló que “Venezuela reafirma su apoyo al gobierno del presidente Bashar al Assad como representante legítimo del pueblo y reitera su llamado en favor de la soberanía, la integridad y la unidad territorial de Siria”.
Arias afirmó que “es inaudito que a cuenta de la protección de los derechos humanos se siga pretendiendo establecer mecanismos injerencistas y selectivos en este Consejo”.
“Este debate urgente forma parte de esa agenda de presión instruida desde Washington, desconociendo las distintas instancias formales que existen dentro de las sesiones del Consejo para abordar situaciones como la que hoy enfrenta Siria”, argumentó.
Según el embajador venezolano, “está claro que no están interesados en una salida pacífica al conflicto y hacen caso omiso de cualquier fórmula que conduzca a la reconciliación y través del diálogo y de la participación democrática que responsablemente impulsa el gobierno sirio”.
Condenó la intervención de potencias extranjeras “empeñadas en promover una vez más el consabido guión de denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para así justificar su intervención armada en aplicación de su política de cambio de régimen”.
Al iniciar el debate urgente sobre Siria, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, denunció un patrón de extremo castigo colectivo contra civiles sirios y llamó a remitir a los perpetradores de atrocidades de todos los bandos a la Corte Penal Internacional.
El pasado 19 de mayo fuerzas del ejército y milicias extranjeras simpatizantes al régimen de Bashar al-Assad lanzaron bombardeos aéreos y ataques de artillería pesada contra civiles en Al Qusayr, que dejaron 183 personas muertas.
Los fallecidos en Al Qusayr se suman a las más de 80 mil personas que han muerto desde que inició el conflicto hace más de dos años.
La sesión del Consejo de Derechos Humanos tiene lugar por iniciativa de Qatar, Turquía y Estados Unidos, que han propuesto un proyecto de resolución que pide al gobierno sirio poner fin al sitio sobre la ciudad de Al Qusayr (oeste), durante el que cientos de personas han muerto y se cree que 40 mil civiles están atrapados sin agua, alimentos, electricidad ni suministros médicos.
A partir de una primera versión de ese documento, que sólo condenaba las masacres cometidas en esa localidad atribuyéndolas a las fuerzas gubernamentales, varios países negociaron incorporar un llamamiento a “todas las partes” del conflicto -referencia implícita a los rebeldes- a detener sus acciones y una condena a todas las formas de violencia armada, provenga de donde provenga.
“Condenamos el rol directo de Hezbolá en las hostilidades, un papel que atiza las tensiones en la región, genera más violencia dentro de Siria y provoca inestabilidad en el Líbano”, declaró Donahoe.
Asimismo, la resolución que se propone rechaza la intervención de combatientes extranjeros que han actuado en la masacre de Al Qusayr por cuenta del régimen de Al Assad, en alusión a la milicia libanesa Hezbolá.
El embajador de Siria, Faysal Hamui, adelantó que su gobierno no reconocerá la resolución, que dijo está “llena de mentiras e hipocresía” y acusó a Qatar y Turquía, sus dos patrocinadores, de estar entre los “principales responsables del derramamiento de sangre” en su país.
Al primero le acusó de gastar miles de millones de dólares en aprovisionar de armamento a los grupos rebeldes y al segundo de permitir la entrada y entrenamiento en su territorio de milicianos de organizaciones extremistas que luego pasan a Siria para combatir al lado de la oposición.
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