Reformas penales en Holanda reducen criminalidad y reos; cerrarán cárceles

AMSTERDAM, 7 de abril (Quadratín México).- La legalización de las drogas en Holanda y reformas penales que permiten a los jueces sentenciar a servicios comunitarios a primo delincuentes en lugar de penas en prisiones, ha provocado una importante disminución en delitos y, por ende, la población carcelaria, por lo cual el gobierno hoy contempla cerrar varios centros penitenciario, de acuerdo a información del Ministerio de Justicia.

Holanda cuenta con una estructura carcelaria para acoger a 14 mil reos pero el número actual es de 12 mil, lo cual ha llevado a la decisión de cerrar prisiones, pero también Holanda decidió rentar sus cárceles a sus vecinos belgas, a través de lo cual ingresan cerca de 30 millones de euros únicamente con el centro penitenciario de Tilburg, situado al sur del país, agregó la dependencia de Justicia holandesa.

En paralelo, se ha planteado la necesidad de reducir drásticamente el tamaño de la plantilla del personal de las instituciones penitenciarias. La medida eliminará mil 200 puestos laborales en prisiones.

Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria

Holanda cuenta con una población de 16.6 millones de habitantes y tiene en la actualidad 12 mil presos. Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios, el King´s College de Londres, Estados Unidos tiene 2.3 millones de presos tras las rejas, equivalente a la cuarta parte de los reclusos del mundo.

China ocupa el segundo lugar con 1.6 millones, pese a tener cuatro veces más habitantes que el país norteamericano. Esta cifra excluye a los disidentes que están en el sistema extrajudicial de reeducación por medio del trabajo.

En Latinoamérica, Brasil lidera el ranking regional con 549 mil 577 reclusos. Le siguen Colombia con 114 mil 697, Perú con 59 mil 451, Argentina con 59 mil 227 y Venezuela con 50 mil presos.

Reformas al Código Penal

Entre 1985 y 1995, el estado holandés dobló el número de celdas debido al aumento de la criminalidad en la década de los 70. En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio a la comunidad, en lugar de la pena de prisión, lo cual redujo la  reincidencia criminal en un 20 por ciento.

La población carcelaria ha ido en gradual disminución 

Estas sanciones se pusieron en marcha en 1997 y el número de encarcelados con pena de más de seis meses bajó de 23 mil 500 a 18 mil.

Este nuevo modelo defendía que los trabajos en favor de la sociedad favorecían la reinserción social del transgresor, al no estigmatizarlo como un criminal con la pérdida de libertad.

También hay argumentos económicos que justifican la aplicación de este sistema. Un delincuente castigado con trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, mientras que un preso cuesta al Estado 100 mil euros por año.

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