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GINEBRA, 21 de marzo (Quadratín México).- Los 47 Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU crearon una comisión, planteada por Japón y la Unión Europea (UE) para indagar posibles crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos en Corea del Norte.
El texto, adoptado por consenso, pide a Corea del Norte que “coopere sin reservas” con la comisión de investigación -la primera que se investigará sobre este tema en la ONU- y que “le permita realizar visitas libremente” en el país.
El gobierno de Pyongyang siempre se ha negado a recibir la visita del Relator Especial sobre Corea del Norte y se ha negado a cooperar con otros mecanismos de la ONU.
El texto condena de manera enérgica “las violaciones graves generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea”.
La Comisión estará integrada por el relator especial y otros dos miembros que serán designados por el presidente del Consejo.
Entre otras cosas los expertos investigarán violaciones a derechos humanos como el derecho a la alimentación, las relacionadas con los campos de reclusión, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la vida.
Todo ello con el fin de garantizar la rendición de cuentas de tales violaciones, en particular “en los casos que esas violaciones puedan constituir crímenes de lesa humanidad”, indicó el texto.
Corea del Norte tiene 24.5 millones de habitantes, y la esperanza de vida es de 68.5 años.
Amnistía Internacional informó en diciembre de 2012, Kim Jong-Un sucedió a su padre como gobernante absoluto, pero sin que hubiese indicios de mejora en el pésimo historial de derechos humanos del país.
La población norcoreana continúa sufriendo violaciones de casi todo el espectro de los derechos humanos.
Seis millones de norcoreanos necesitaban ayuda alimentaria con urgencia; un informe de la ONU concluyó que el país no podría alimentar a su población en un futuro inmediato y además se recibieron informes de la existencia de numerosos campos penitenciarios, en donde eran habituales la detención arbitraria, el trabajo forzoso, la tortura y otros malos tratos.
Han continuado las ejecuciones, que en algunos casos se llevan a cabo en público.
Los castigos colectivos son habituales y que las violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión son generalizadas.
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