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href=»http://mexico.quadratin.com.mx/reabren-debate-sobre-armas-en-estados-unidos/tiroteo-denver-23072012/» rel=»attachment wp-att-66721″>WASHINGTON, 16 de diciembre (Quadratín México).- La masacre infantil de Newtown reabrió el debate nacional sobre el control de armas, en medio del llamado del presidente Barack Obama para adoptar una “acción significativa” que evite una tragedia similar, a pesar del creciente apetito del público estadunidense por la disponibilidad de armas.
Aunque Obama es partidario de una política de mayor control de las armas, incluido el restablecimiento de la Prohibición de Armas de Asalto que expiró en 2004, el tema había permanecido fuera del radar de Washington ante evidencias de que no existe un consenso legislativo hacia políticas más restrictivas.
“Necesitamos acción inmediata. Hemos oído toda la retórica antes. Lo que no hemos visto es liderazgo, ni de la Casa Blanca ni del Congreso. Eso debe terminarse hoy. Esta es una tragedia nacional que demanda una respuesta nacional”, dijo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, copresidente la Coalición de Alcaldes contra las Armas Ilegales.
La Coalición, cuya membrecía creciente abarca en la actualidad a 725 alcaldes de Estados Unidos, apoya reformas en las leyes para verificar la elegibilidad para la compra de armas en Estados Unidos y extender los chequeos obligatorios a vendedores de armas sin licencia, entre otras medidas.
Estados Unidos cuenta con la Ley Brady de Prevención de Violencia por Armas desde 1993 -bautizada así en honor de Jim Brady, el portavoz de Ronald Reagan paralizado en el intento de asesinato contra el presidente, la cual ha impedido que más de un millón de armas caigan en las manos equivocadas.
Pero legisladores estadunidenses critican que la ley padece una laguna mayor, toda vez que la ley no exige verificación de antecedentes criminales a quienes compren armas de vendedores que carecen de licencia oficial como aquellos que venden armas en ferias o mercados ambulantes.
Los alcaldes se oponen también a la llamada “Enmienda Boren”, que busca evitar que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) responsable de la operación “Rápido y Furioso”- cumpla con la misión de detectar y combatir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.
Adicionalmente la coalición pide del Congreso la aprobación inmediata de una ley que impide a personas incluidas en el banco de datos de sospechosos de terrorismo, de comprar armas de fuego, un hueco legal que subsiste a pesar de los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Tomas Menino, alcalde de Boston y copresidente de la Coalición, coincidió que es el momento de una política nacional de armas que llene los huecos de las leyes y evite que caigan las armas automáticas a los vecindarios del país.
“Ahora es el momento para una política nacional sobre las armas que cubra los huecos de las leyes, que saque a las armas automáticas de nuestro vecindario y evite que se repitan tragedias (como la de Newtown) en el futuro”, señaló.
Pero el movimiento a favor del mayor control de las armas de fuego enfrenta la oposición no sólo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), sino a un público estadunidense crecientemente opuesto a las políticas restrictivas a la compra o portasción de armas.
En 1990 se registró el más alto porcentaje de estadunidenses a favor de legislaciones para restringir el acceso a las armas, con un 78 por ciento del público a favor y apenas 19 por ciento de respaldo a políticas más liberales de acceso a las armas.
Pero desde entonces el apoyo a políticas más restrictivo se ha desplomado, mientras que se ha elevado el apoyo a políticas laxas. En 2010 la ecuación se invirtió: Sólo un 44 por ciento de los estadunidenses favorecen leyes prohibicionistas y un 54 por ciento se pronunció por menos obstáculos al acceso a las armas.
Bajo ese contexto y a pesar del atentado contra la ex legisladora demócrata Gabrielle Giffords en 2011, de múltiples masacres escolares y de “Rápido y Furioso”, la mayoría republicana de la Cámara Baja no ha aprobado una iniciativa para monitorear la compra de armas múltiples en armerías del país.
La Casa Blanca y los demócratas sostienen por su parte que, aunque apoyan su restitución, no existen los votos para restablecer la Prohibición de Armas de Asalto que fue dejada expirar por el entonces presidente George W. Bush en 2004.
La ley, aprobada en la presidencia de Bill Clinton en 1994, prohibía producir armas de asalto para uso civil y aunque en lugares como el Distrito de Columboa, se ha buscado prohibir algunos tipos de armas, las iniciativas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en 2008.
Al amparo de la Segunda Enmienda Constitucional, el máximo tribunal estadunidense refrendó el derecho de los estadunidenses a poseer armas para auto defensa. En 2010 la corte determinó que tanto los gobierno estatales como locales tienen límites similares al gobierno federal para restringir el acceso a las armas.
Actualmente 49 de los 50 estados del país permiten a sus residentes portar armas encubiertas, con o sin permiso.
Sólo el estado de Illinois prohíbe portar armas, pero un panel de la Corte de Apelaciones del Distrito Séptimo nulificó el estatuto esta semana.
La Corte de Apelaciones dio a la legislatura estatal un plazo de 180 días para revisar la ley, por lo que el debate si el derecho a poseer armas en casa para autodefensa se extiende a las calles podría llegar a la Suprema Corte de Justicia.
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