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href=»http://mexico.quadratin.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/farc-vs-santos.jpg»>BOGOTÁ, 30 de septiembre. (Quadratín México).- Colombia iniciará un nuevo proceso de paz entre gobierno y guerrilla, el próximo 8 de octubre en Oslo, en busca de ponerle punto final a 50 años de conflicto interno de este país andino.
A lo largo de 50 años se han realizado múltiples intentos para encontrar la paz: encuentros entre insurgentes y voceros del gobierno -incluyendo al ex presidente Andrés Pastrana- en diversos escenarios, desde las selvas del sur del país, hasta reuniones de alto nivel en Venezuela y México, pero todos fracasaron.
La importancia de la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reside en que ésta es la guerrilla más activa y antigua en el continente y que opera en Colombia, y mientras se mantenga en armas, será casi imposible lograr la paz en este país, pues ha logrado una capacidad de fuego similar a la del gobierno, lo que los mantiene en empate virtual.
El primer acercamiento de paz con las FARC ocurrió el 28 de marzo de 1984, en el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986), cuando se firmó un cese al fuego bilateral, pero este “lánguido proceso”, como lo llamaron analistas, no pasó de ahí.
El segundo intento se hizo en el gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-1990), que recibió como herencia de Betancur el cese al fuego con las FARC, el cual se mantenía vigente a pesar de las ofensivas militares de los rebeldes y de las tropas gubernamentales.
El principal centro de las negociaciones de Betancur y Barco fue el municipio de La Uribe, en el sur de Colombia, considerado hasta hace pocos años el bastión militar más importante del grupo insurgente.
Para el investigador Mauricio García Durán, en el gobierno de Barco, el proceso de paz con las FARC retrocedió en lugar de avanzar, por la ambigüedad de ambas partes en enfrentar las negociaciones.
El presidente Barco sostuvo la tesis que cualquier iniciativa de paz tenía que darse sobre la base de un plan que permitiera la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, lo que significaba garantizar su desmovilización como organización armada.
Las FARC estaban dispuestas a continuar con el proceso, pero sobre la base de incluir en la agenda las reformas políticas, el desmonte de la guerra sucia y el paramilitarismo, así como la designación de una comisión de paz, diálogo y verificación.
El proceso de paz en el mandato de Barco entró en crisis el 16 de junio de 1987, cuando las FARC emboscaron un convoy militar en el sureño departamento del Caquetá, acción en la que murieron 26 militares y un civil.
El gobierno consideró que las FARC habían roto el cese al fuego, y reiteró que solo sería posible avanzar en un diálogo de paz cuando hubiese intención de los rebeldes de una desmovilización y desarme, pero éstos intensificaron sus operaciones hasta febrero de 1988.
La ofensiva guerrillera obligó al gobierno a advertir que si los actos violentos continuaban “el camino del diálogo y de las soluciones políticas terminaría y se daría paso a una solución exclusivamente militar”.
Los diálogos con las FARC en el gobierno de Barco volvieron a quedar inconclusos y con acusaciones mutuas de falta de voluntad política para avanzar hacia un acuerdo de solución negociada del conflicto armado.
En documentos de las FARC, conocidos durante el gobierno de Barco, el grupo guerrillero tenía claro su objetivo estratégico: consolidar sus frentes militares y lanzar la ofensiva final de toma del poder a más tardar en 1997.
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