Recomiendan medidas disciplinarias a 14 funcionarios por “Rápido y Furioso”

El documento del Inspector General del DJ indicó que no encontró evidencia de que los principales líderes del departamento hubieran estado al tanto de que parte del operativo fue permitir la venta de armas a personas sospechosas de ser proveedoras de los cárteles mexicanos como parte de una investigación que se desarrolló entre 2009 y 2010.

El reporte determinó mala conducta o falta de criterio por parte de los funcionarios del Departamento de Justicia, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF) en Washington y su oficina en Arizona, y de la Oficina del Fiscal de EE.UU. en Arizona en relación con la operación que permitió la “venta supervisada” de unas dos mil armas para el investigar el contrabando de armamento estadounidense a los grupos delictivos.

De acuerdo con el documento, los investigadores encontraron que el Procurador Holder, no sabía nada de la controversial operación sino hasta después del escándalo creado por el descubrimiento de dos armas vinculadas con el operativo cerca del sitio del asesinato del agente Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2010 ceca de la demarcación entre Arizona y México.

De hecho, el reporte cita a dos funcionarios del Departamento de Justicia por demorar unos dos meses en informar a Holder sobre ese vínculo y por no buscar más detalles sobre la operación misma.

“Nuestra revisión de la “Operación Rápido y Furioso” y sus derivados reveló una serie de estrategias equivocadas, tácticas, errores de juicio y fallos de gestión que impregnaron la sede de ATF y la División de Campo de Phoenix, así como la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Arizona”, consignó el informe firmado por el Inspector General Michael Horowitz.

Igualmente, consignó que personal que incluyó agentes de línea y fiscales en Phoenix y Tucson, así como altos funcionarios de la BATF en Washington, tuvieron una parte de responsabilidad en el fracaso de ATF y de la responsabilidad por haberlo hecho “sin tener en cuenta el peligro para la seguridad pública que fluía de esta estrategia arriesgada”.

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