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WASHINGTON, 23 de agosto (Quadratín México).- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) defendió hoy su política de deportaciones, luego de una demanda presentada por 10 agentes de esa agencia contra medidas de alivio a inmigrantes indocumentados, impulsadas por el gobierno del presidente Barack Obama.
El Departamento de Seguridad Interna, bajo el cual opera el ICE, utiliza el proceso de discreción procesal “para enfocarse vigorosamente en la deportación” de criminales convictos, transgresores reincidentes y los que acaban de cruzar la frontera, dijo el vocero del ICE, Ross Feinstein.
Feinstein señaló que en el año fiscal 2011 el ICE deportó a más de 216 mil extranjeros criminales convictos, el mayor en la historia de la agencia, que representa un incremento del 89 por ciento con respecto al gobierno anterior.
Sostuvo que, en general, el 90 por ciento de las deportaciones del ICE caen dentro de las categorías de mayor prioridad.
Sobre el programa de acción diferida para jóvenes indocumentados que entró en vigor este mes, manifestó que es una continuación de las prioridades del Departamento de Seguridad Interna para asegurar que inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, tengan la oportunidad de quedarse y contribuir con el país.
“Esta política es una medida temporal. El Congreso todavía debe actuar para proporcionar una solución permanente, a fin de arreglar el disfuncional sistema de inmigración”, puntualizó.
Diez agentes del ICE presentaron este jueves una demanda contra la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y el director del ICE, John Morton, por los programas de acción diferida y discreción procesal en las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
El presidente del gremial Consejo Nacional del ICE, Chris Crane, sostuvo que medidas ponen a los agentes en una posición “horrible” porque les ordenan “violar la ley federal y nuestro juramento de defender la ley federal.
El abogado de los demandantes Kris Kobach, conocido por impulsar leyes estatales contra los indocumentados en Arizona, Alabama y Georgia, señaló que la acción diferida concede “amnistía” a 1.7 millones de jóvenes indocumentados.
Agregó que esa medida que entró en vigor este mes, viola la ley de inmigración que requiere que ciertos indocumentados sean puestos en proceso de deportación, e interfiere con los poderes legislativos del Congreso.
El director del grupo pro inmigrante America’s Voice, Frank Sharry, acusó a Kobach y a Crane de “xenófobos” y dijo que están tratando de “tirar la puerta de la oportunidad en la cara de jóvenes latinos que crecieron en Estados Unidos y lo consideran como su hogar”.
En sus medidas de alivio migratorio a los inmigrantes considerados de “baja prioridad” porque llegaron de niños al país, no tienen antecedentes penales o han vivido muchos años en el país, Obama utilizó su autoridad ejecutiva para aplicar la discreción procesal con base en prioridades y los recursos disponibles.
La Suprema Corte de Estados Unidos reiteró recientemente esa autoridad en su decisión sobre la ley de inmigración de Arizona, al indicar que corresponde al gobierno federal y no a los estados aplicar la ley de inmigración.
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