Presenta Comité de Supervisión demanda civil contra Holder por “Rápido y Furioso”

WASHINGTON, 13 de agosto (Quadratín México).- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes presentó una demanda civil contra el procurador general Eric Holder por su supuesto rechazo a cooperar plenamente con la investigación del operativo “Rápido y Furioso”.

Presentada ante la Corte Distrital de Washington, la demanda busca que el Departamento de Justicia entregue los documentos solicitados en un citatorio de octubre de 2011 sobre el conocimiento que altos funcionarios de esa dependencia tuvieron del operativo, que permitió el trasiego ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.

“La petición de la Cámara de Representantes pide que una Corte Federal dictamine que la decisión del presidente Barack Obama de invocar fuero ejecutivo fue inválida y obligue al procurador Holder a producir los documentos citados”, señaló el Comité.

Los republicanos del Comité de Supervisión señalan que Holder no ha entregado ni una sola página de 12 de las 22 categorías de documentos solicitados en el citatorio.

Entre esas áreas figura la identificación de los altos funcionarios que conocieron la polémica operación, así como la falta de cooperación entre las agencias federales para compartir información sobre posibles arrestos de sospechosos.

El citatorio demandó todas las comunicaciones entre la oficina de Holder y las de los entonces subprocuradores David Ogden, Gary Grindler, James Cole, Manny Breuer, Jason Weinstein, Kenneth Blanco, John Keeny y Bruce Swartz.

Asimismo, pidió la información relacionada con el asesinato del agente de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) en México, Jaime Zapata, y del agente Brian Terry, ocurridos en 2010.

El presidente del Comité de Supervisión, Darrell Issa, sostuvo que la decisión de Obama de esperar ocho meses antes de invocar el fuero ejecutivo fue una “maniobra política” calculada para retrasar la entrega de documentos hasta después de las elecciones del 6 de noviembre.

“El presidente está tratando de expandir el alcance del privilegio ejecutivo para obstruir la verdad sobre la imprudente conducta que contribuyó a la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza y de incontables mexicanos”, subrayó.

Elijah Cummings, el demócrata de más alto rango del Comité, respondió que la acción de los republicanos muestra que no desean resolver el asunto del desacato, sino “prefieren generar un conflicto con la administración Obama conforme se acerca la elección”.

“Desafortunadamente, el público estadunidense sufre en la medida que los republicanos de la Cámara de Representantes desechan el verdadero trabajo que se requiere”, añadió.

Los demócratas acusan a los republicanos de ignorar las propuestas de los propios agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para frenar el tráfico de armas hacia México.

Aunque la Cámara Baja votó para recomendar una declaratoria de desacato contra Holder por su supuesta falta de cooperación en la entrega de documentos sobre “Rápido y Furioso”, la Procuraduría del Distrito de Columbia desistió activar un proceso criminal.

La nueva acción de los republicanos se produce a pesar de que Obama invocó “privilegio ejecutivo” para toda la información relativa a comunicaciones internas del gobierno federal sobre “Rápido y Furioso”, lo que permite mantener los documentos confidenciales.

Pero los republicanos, que han sido acusados de politizar la pesquisa por el año electoral, buscan ahora una ruta civil para responsabilizar a Holder.

La demanda (Folio 1:12-cv-01332) coloca personalmente a Holder como acusado de “obstrucción” por parte del Departamento de Justicia de una investigación del Comité de Supervisión.

Asimismo, sostiene que el Comité requiere los documentos para completar la investigación.

Aunque el Departamento de Justicia ha entregado más de siete mil 600 documentos, los republicanos se declararon insatisfechos por no contar con material relacionado con deliberaciones internas de altos funcionarios de esa dependencia.

El primer informe del Comité del 31 de julio sostiene que cinco funcionarios de la ATF fueron responsables de la comisión de “traspiés, malos juicios y de una estrategia inherentemente imprudente”.

El inspector general del Departamento de Justicia realiza su propia pesquisa, pero no tiene un plazo fijo de entrega.

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