IMSS, en el top de instituciones de LATAM por su investigación en salud
CIUDAD DE MEXICO, 21 de agosto (Quadratín México).-Empresas extranjeras ejercen presión sobre los nuevos diputados para que se apruebe una reforma a la Ley de Salud para venta e importación libre de componentes de sangre, sin las adecuadas medidas de seguridad, lo cual representa riesgos de que en México se incrementen los contagios de VIH/Sida y de Hepatitis B y C.
En conferencia de prensa, la doctora Ana Luisa D’Artote González y al química Clotilde Estrada Carsolio, de la Asociación Mexicana de Medicina Trasfusional; Luis Adrián Quiroz, coordinador del Movimiento Derechohabiente Viviendo con VIH/Sida-IMSS, y Carlos Gaitán Fitch, presidente de la Federación de Hemofilia, realizaron la denuncia del papel que realizan empresas extranjeras al respecto.
Informaron que existen empresas, en particular una con matriz en Italia –de la cual no especificaron nombre-, que tienen el interés de instalar en México una planta tratadora de los fragmentos de sangre útiles en la farmacopea, como es el plasma, pero para ello requiere de grandes cantidades de sangre.
Es en este contexto, en que en los primeros meses del año, el actual presidente de la Comisión de Salud, el panista Antonio Osuna Millán, y el secretario de la misma, Antonio Benítez Lucho, promovieron por separado reformas a la Ley General de Salud, para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes, a fin de permitir que bancos de sangre tengan la posibilidad de vender fragmentos de este fluido, como es el plasma y plaquetas, pues estos se pueden utilizar tanto en la elaboración de medicamentos como en tratamientos de la medicina anti-envejecimiento.
El problema es que estas modificaciones incluyen la eliminación de análisis de los posibles donadores a través de ácidos nucleicos, los cuales permiten la detección oportuna de enfermedades graves, como la Hepatitis B y C, así como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/Sida).
Esto aumenta el riesgo de contagio entre la población; los bancos de sangre recibirían a todo tipo de donadores cuya sangre se utilizaría para transfusiones en pacientes en clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, sin certeza de que no está contaminada.
Uno de los argumentos en la referida reforma, es que se abatirían costos, lo cual es falso, pues una prueba para la detección de dichos padecimientos cuesta alrededor de 180 pesos, en tanto que la atención anual del VIH/Sida es de 37 mil. E l costo beneficio es muy alto y esta es la razón por la cual incluso el IMSS invierte en análisis realizados con ácidos nucleicos.
Lo peor es que en México no existe la suficiente donación de sangre como para poner en marcha una planta como la que pretenden los industriales farmacéuticos extranjeros, por lo que existe la pretensión de su parte importarla de El Caribe y Sur América, consideradas regiones de alto riesgo de enfermedades transmisibles.
Es por lo anterior que, en conjunto, la Asociación Mexicana de Medicina Trasfusional, el movimiento Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida-IMSS y la Federación de Hemofilia presentaron ante la Comisión de Salud los estudios y argumentos sobre los riesgos que representa modificar la norma sobre transfusión sanguínea; sin embargo, el diputado panista Osuna Millán no le hizo modificación alguna a su propuesta; en tanto que Benítez Lucho le hizo una ligera modificación, para después agregar otro artículo para permitir la libre comercialización de los componentes de la sangre.
La opacidad en este proceso legislativo aumentó, abundaron, porque en la Gaceta Legislativa se publicó el proyecto de modificación a la NOM-253-SSA1-2012, a sólo unos días de concluir las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sin considerarse ninguna de las 450 observaciones que estas y otras organizaciones sociales y médicas hicieron a la misma.
Al hacer una investigación por cuenta propia, se percataron que no hay acceso a la información sobre las referidos cambios a la NOM-253-SSA1-2012, y aun cuando se encuentra en proceso de revisión en la Cámara de Diputados, se tiene previsto que sean publicados este 23 de agosto para recibir, nuevamente, comentarios y observaciones.
Si bien consideran que no es posible que se apruebe en el corto periodo legislativo que aun queda, sí manifestaron su preocupación de que los intereses de la industria farmacéutica extranjera influyan en los próximos diputados y senadores para que, sin revisión alguna, sea aprobada.
Los representantes de dichas organizaciones agregaron que en el país existen 555 bancos de sangre, de los cuales 240 son privados, sólo dos están acreditados y una veintena tiene certificación ISO, lo cual significa que únicamente entre el 6 y 5 por ciento cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado.
Si de hecho existe una baja calidad en los bancos privados de sangre, ante la insuficiencia con la que cuenta la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para supervisarlos, de abrirse la libre venta de sangre y sus componentes, así como la importación de los mismos, México enfrentaría un real riesgo del aumento de epidemias, concluyeron D’Artote González, Estrada Carsolio, Luis Adrián Quiroz y Gaitán Fitch.
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