Preocupa a expertos el aumento de impugnaciones electorales en México

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de junio (Quadratín México).- El número impugnaciones en las elecciones federales aumentó considerablemente en una década, pues mientras en el año 2000 se registraron 358 casos, en 2006, se dieron 805, y durante las elecciones de 2012 la cifra creció hasta mil 570, situación que demuestra la ineficiencia del sistema electoral mexicano, consideraron expertos.

Al final, sólo 10 por ciento de las quejas resultaron fundadas en el 2006, y el 2012 el índice subió al 26 por ciento.

Para los investigadores del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), ello es consecuencia de un mal funcionamiento del sistema de justicia electoral que debe corregirse.

La preocupación no es tanto por el aumento de los litigios, sino que ello demuestra la ineficacia del sistema para corregir las conductas infractoras, aseguró la organización.

En un análisis sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral, señalaron que el aumento en el número de litigios se debe principalmente: a que esta herramienta jurídica se utiliza como táctica de campaña; a que los actores políticos incumplen cada vez con mayor frecuencia las normas, y a que la reforma de 2007 establece más infracciones.

La otra opción, apuntaron, es que algunas reglas y prohibiciones vigentes no responden a las condiciones reales de la competencia electoral, de ahí la importancia de analizar los efectos “perversos y las repercusiones negativas” del aumento de la litigiosidad en las autoridades electorales.

En este contexto, en el estudio se advierte que una nueva reforma en materia administrativa sancionadora debe generar los medios para disuadir a los partidos de prácticas que atenten contra la equidad de la contienda.

El sistema vigente opera después de que la conducta infractora se realizó y generó un daño a las condiciones de competencia, a veces es imposible resarcir el daño, destaca el estudio.

Considera que los tribunales electorales deben tener la capacidad de apreciación para nulificar una elección cuando se encuentren irregularidades importantes, puesto que las sanciones administrativas no son suficientes.

En general, concluye, es deseable migrar de un sistema enfocado en la regulación de los partidos a uno encargado de preservar y defender el derecho al voto de los ciudadanos.

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