Mexicana de Aviación, elefante blanco que morirá: PAN
Este informe fue recibido por el secretarito de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
El funcionario de HRW afirmó que de acuerdo con el Informe, en 149 casos existió participación militar o policial en la desaparición de personas.
Vivanco calificó como “grave” el fenómeno de las desapariciones forzadas en México, “debido a que no se investiga y castiga a los responsables”.
Sin embargo, destacó que el Secretario de Gobernación mexicano le garantizó que “no habrá impunidad”.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, confirmó que a partir del próximo lunes se podrá contar con un registro preliminar del padrón de personas desaparecidas en México, “con nombre y apellido”, que partirá de una base de 27 mil casos.
El informe de HRW indica que “estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada”.
El organismo de Derechos Humanos aclara que los casos documentados “no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón”, pues asegura que funcionarios de Coahuila informaron que tan solo en el estado se reportaron mil 835 casos, de 2006 a abril de 2012.
Una lista que “se filtró en noviembre de 2012”, elaborada por la PGR y la Segob, donde se tiene un registro de 25 mil casos, que aún no han sido resueltos.
Detallan que al menos en 20 casos la participación de la Marina, en 13 la Policía Federal, en 95 la policía local (estatal y/o municipal) y en más de 60 hubo complicidad entre autoridades y el crimen organizado.
“En los demás casos, no pudimos determinar, a partir de la evidencia disponible, si hubo participación de actores estatales en el delito, si bien esta posibilidad no queda excluida”, subraya en el informe.
Los casos se detectaron en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
“Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”, se lee en el informe.
Y agregó que “si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos”.
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