Hacen cambios a la ley de Peña Nieto sobre administración pública

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre (Quadratín México).- La esencia de la propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública no se mantuvo inmaculada, aún cuando no hubo debate en el pleno de la Cámara de Diputados, sí se realizaron cambios producto de un intenso trabajo de estrategia y negociaciones en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación.

En aras de lograr la aprobación de la reforma antes del 1º de diciembre, las fracciones del PAN, PRI y PRD se enfrascaron en una serie de debates fuera de los reflectores del pleno, que dieron pauta a cambios puntuales al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron ratificadas en el pleno. El dictamen fue enviado la misma noche del jueves al Senado de la República.

El artículo con mayores modificaciones fue el 27, que contempla nuevas funciones de la Secretaría de Gobernación, las cuales fueron limitadas.

En primer término, el diputado perredista Julio César Moreno Rivera planteó suprimir el término “disturbios” en la fracción XVIII, que se refiere a salvaguardar la pacífica manifestación de las ideas y la libre asociación.

El nuevo texto establece que corresponde a Gobernación “reforzar, cuando se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran e intervenir ante situaciones de peligro o cuando se vean amenazados por aquellos que impliquen violencia o riesgo inminente”.

A esto se agrega la modificación que fue propuesta por el panista Ernesto Robledo Leal, para eliminar de la fracción XIX la frase “en las situaciones de alteración grave del orden público”.

Ahora dice que le corresponde a Gobernación “auxiliar, cuando así lo requiera la Procuraduría General de la República, en la investigación y persecución de delitos y disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales aplicables”.

Otra de las modificaciones fue la promovida por la diputada perredista Lizbeth Rosas Montero, a la fracción XX para que Gobernación proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas para prevenir el delito y reconstituir el tejido social, y que no sea la encargada de desarrollar esas políticas, como se presentó en la iniciativa.

De igual forma, también a propuesta de Rosas Montero, se cambió la fracción XXIII para eliminar las palabras “Menores infractores” y ahora señala que entre las atribuciones de Gobernación figura administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes.

En tanto, el también perredista Fernando Belaunzarán Méndez propuso modificar la fracción XXI, que establecía organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y ahora se establece que sólo participará y coadyuvará en la atención a las víctimas del delito.

El Pleno aprobó en sus términos el artículo 32, que ya había sido modificado por unanimidad en la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública e integrado al dictamen.

Estos cambios tienen el objetivo de que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no sean sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como se proponía en la iniciativa, y mantengan su autonomía jurídica y económica.

Con ese propósito se eliminaron las fracciones VII y X y se modificó el inciso c para quedar como sigue: “Atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad”.

Otro de los cambios aprobados por el Pleno fue a la fracción XVII del artículo 41, propuesto por el panista Víctor Serrralde Martínez, sobre ordenamiento territorial, para agregar la frase: “cuando así lo hayan convenido”.

De tal forma que la fracción XVII quedó como sigue: “Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo hayan convenido”.

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