Diputados exigen a la PGR y la cancillería hacer pública información de “Rápido y furioso”

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre (Quadratín México).-  Los diputados exigieron este jueves a Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública toda la información que tengan disponible sobre el operativo “Rápido y furioso”, incluida la generada por las instancias estadounidenses y remitida a las autoridades mexicanas.

Durante el pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora perredista Aleida Alavez Ruiz, dijo que es necesario que el Ejecutivo federal asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por la instrumentación del operativo, proveyendo todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.

Mencionó que este programa implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, permitió el ingreso legal a territorio nacional de miles de armas bajo el pretexto de que serviría para “rastrearlas” y asegurar la localización de grupos criminales.

Esas armas, denunció, han cobrado la vida de inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales.

Alavez Ruiz afirmó que a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, la PGR todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.

La diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.

Agregó que con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación que a veces predomina en la materia, es de suma importancia solicitar esta información y fincar responsabilidades.

La legisladora panista Adriana González Carrillo afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país. “Apoyamos a nuestro gobierno para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.

Mencionó que la cooperación es necesaria para atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde no conoce fronteras ni tiene pasaportes. “Estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido”.

Para el diputado David Pérez Tejada Padilla, del partido Verde, la estabilidad y paz en el país se han alterado con la introducción masiva e ilegal de miles de armas de fuego de alto calibre. “Este brutal contrabando además de estar destinado a pertrechar a la delincuencia organizada que opera en México, se ha traducido en la reciente muerte de miles de mexicanos”.

La gestación de un hecho tan lamentable como el denominado operativo “Rápido y furioso”, afirmó, no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos, de detener el tráfico de armas. “Es perverso y contradictorio que se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa en el tema del tráfico ilegal de armas y estén anunciando un programa para frenarlo”.

En opinión de Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, este operativo completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos pues, lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido empoderarla y potenciarla.

Del Partido del Trabajo, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, indicó que es necesario que el titular del Ejecutivo Federal instrumente su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México de este operativo, promoviendo todas las medidas para resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesiones.

Hizo votos para que determine responsabilidad de los titulares la PGR, de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en la investigación.

El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) dijo que el operativo “Rápido y furioso” pone en evidencia la fragilidad en la frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento en un momento de extrema violencia en los estados fronterizos.

“Nos preocupa la pérdida de México frente al gobierno de Estados Unidos. Es una exigencia a nuestro gobierno informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo, que ha dejado un resultado negativo y va en contra del Estado de derecho”, concluyó.

QMX/mrp