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CIUDAD DE MEXICO, 28 de agosto (Quadratín México).- Las dirigencias y legisladores del PRI y PAN exigieron a las autoridades electorales y fiscales una exhaustiva investigación sobre la procedencia y licitud de los recursos con los que las empresas respaldaron la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Es de señalar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, presidido por Joaquín Coldwell, denunció ante el Tribunal Electoral, en julio pasado, que el Gobierno del Distrito Federal al frente de Marcelo Ebrard contrató, sin licitación alguna, diversas empresas a fin de beneficiar directamente a las organizaciones sociales Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, creadas para financiar, desde hace seis años, las actividades proselitistas de López Obrador en búsqueda de la silla presidencial.
Al respecto, el periódico El Universal ha emprendido una serie de publicaciones donde se detalla la estrategia empleada para este financiamiento a AMLO, a través de tres empresas que fueron beneficiadas por parte del GDF.
La primera empresa es SAD Desarrollo y Transparencia, con contratos por 93 millones de pesos y que tiene como socio fundador a Héctor Muñoz Ibarra, presidente de Austeridad Republicana.
AFK Comunicación Creativa, segunda empresa, fue beneficiada con 18 millones de pesos, y su fundador es Javier López Núñez, director de Recursos Materiales y Servicios del Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, y como presidenta Marisela García, contadora de Honestidad Valiente.
La tercera, finalmente, AAR Consultores de Negocios, con contratos por 315 mil millones. Se refiere también que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal concedió 24 contratos por más de 74 millones de pesos, sin haberse comprobado hasta ahora la realización de obras.
Además, se informa que en el 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) también le dio un contrato a estas empresas por la cantidad de 2 millones 363 mil 886 pesos por un video sobre el Bicentenario de la Independencia.
Al respecto, en diversas entrevistas, el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez, estableció que las autoridades correspondientes deben llamar a cuentas tanto a López Obrador como al jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, a fin de que se investigue con toda claridad y, de ser conducente, aplicar “todo el peso de la ley”.
Sostuvo que el PRI presentó sólidas pruebas de estas irregularidades y es por ello que ha demandado que, así como se ha procedido con apego a derecho con el tricolor, se haga lo mismo en el caso de la candidatura de López Obrador.
Bajo este argumento, llamó a los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano a atender el mandato que recibieron de la ciudadanía y hacer a un lado la contienda electoral para trabajar en pro de los acuerdos que requiere el país.
Por su parte, el coordinador de la fracción del PAN en la LXII Legislatura, Luis Alberto Villarreal García, exigió a López Obrador que asuma “su responsabilidad de ser valiente y honesto y diga qué paso con esos recursos”. De lo contrario, enfatizó, refrendará lo exhibido, que “la tan honestidad valiente ni era honesta ni era valiente”.
Coincidió en que debe de haber una investigación detallada, la cual permita determinar “cómo se manejaron esos recursos, -además- ahí existen áreas en el sistema financiero y fiscal que tienen que ver con inteligencia e ingeniería financiera, es decir rastrear cómo se manejan los recursos y si ahí hay duda, deben deslindar responsabilidades”.
En lo anterior coincidió el también legislador electo albiceleste Rubén Camarillo Ortega al referir que es necesario indagar de dónde vienen esos recursos y “si alguna autoridad del Distrito Federal estuviera inmersa o involucrada en esos contratos, tiene que rendir cuentas”.
El legislador enfatizó: “Es muy claro que aquí hay una hipocresía política, en donde se insiste en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, así que vamos a ver cómo se van desarrollando éstos acontecimientos y desgraciadamente en estos temas, las cosas caen por su propio peso”.
Concluyó que el GDF y el mismo López Obrador no pueden negarse a que se realice una investigación a fondo, pues “si el Movimiento Progresista que encabeza el señor López Obrador está pidiendo cuentas de todas las fuentes de financiamiento, alguna de ellas no muy claras, del PRI y el uso de mecanismos que son evidentemente legales como el tema Monex o el tema Soriana, si ellos –los de la izquierda- están demandando eso, pues deben ser los primeros interesados en que esas cuestiones se aclaren, porque no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar”.
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