En debate de 8 horas, IFE se defendió de la crítica de los partidos políticos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio (Quadratín México).- Ante las quejas que han presentado los partidos políticos y las coaliciones sobre decisiones que favorecieron a Enrique Peña Nieto o a Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal Electoral (IFE) defendió su trabajo , y sostuvo que labora a su máxima capacidad.

En un debate que duró más de ocho horas, el Consejo General del IFE conoció y debatió los informes sobre los avances de la investigación referentes a supuestos recursos ilegales en campañas de las coaliciones del PRI-PVEM y Movimiento Progresista, denunciados por PAN y PRD, y el de las asociaciones civiles que presuntamente financiaron ilegalmente a Andrés Manuel López Obrador, como acusó el PRI.

El debate más agudo se produjo en torno al informe sobre los avances de la investigación relacionada con el supuesto financiamiento ilegal del PRI, por las implicaciones que tendría sobre la calificación de la elección presidencial que debe realizar el Tribunal Electoral federal.

Los representantes de los partidos que integran el Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento ciudadano), junto con el PAN, insistieron que el caso se resuelva antes de la calificación de la elección presidencial.

Ante la postura del Movimiento Progresista y del PAN, cuyos representantes destacaron las contradicciones del PRI para justificar la existencia de esas tarjetas, los priistas respondieron que todo está explicado en el informe que remitieron a las autoridades electorales.

El representante del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, expuso que en el escrito que presentaron como parte tercera interesada en el juicio de inconformidad impulsado por el Movimiento Progresista para demandar la invalidez de la elección se da respuesta puntual a todos los señalamientos de los partidos que lo acusan de financiamiento ilegal.

Los partidos de izquierda y el PAN advirtieron de la gravedad de sancionar una elección presidencial sin antes dilucidar el origen de los recursos, el PRI y el PVEM descalificaron esos señalamientos afirmando que no son más que recursos mediáticos para presionar y chantajear a las autoridades electorales.

El diputado perredista Guadalupe Acosta reprodujo declaraciones de Luis Videgaray y de Jesús Murillo Karam, el primero negando la existencia de las tarjetas y el segundo reconociendo su uso para pagar a sus representantes de casillas el día de la jornada electoral.

Luego los priistas afirmaron que en realidad esos gastos fueron para la operación ordinaria del partido y no se pueden acreditar como gastos de campaña.

Por su lado, los consejeros electorales Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y el consejero presidente Leonardo Valdés defendieron la actuación del IFE, y reiteraron que debido a la reserva que impone la ley no se puede adelantar más sobre el resultado de las investigaciones.

Agregaron que la Unidad de Fiscalización trabaja intensamente, de manera seria y profesional, y todos los resultados que va obteniendo los está compartiendo con el Tribunal Electoral encargado de calificar la elección presidencial.

Ante la insistencia de que las investigaciones concluyan antes de la calificación, los consejeros señalaron que sería más grave apresurarse, no llegar al fondo del asunto y agotar todas las líneas de investigación en el principio de exhaustividad, por lo cual rechazaron fijar una fecha para concluir las investigaciones.

Previamente se debatió el informe sobre el avance de las investigaciones de la queja presentada por el PRI en contra de las asociaciones civiles que supuestamente financiaron de manera ilegal las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.

En este apartado los priistas insistieron en demandar que la autoridad sea exhaustiva y recurra a las autoridades bancarias y fiscales para determinar si hay algún delito que perseguir.

La respuesta de los perredistas fue que han entregado y están dispuestos a dar toda la información que les soliciten, incluyendo las declaraciones fiscales de López Obrador, y conminaron a Enrique Peña Nieto a hacer lo propio.

Consideraron que es un asunto viejo que ya ha sido tratado reiteradamente en el IFE y que los priistas lo pusieron sobre la mesa para tratar de responder ante el caso Monex.

Respecto de las encuestas publicadas durante el proceso electoral el debate se centró en la influencia que tuvieron en los resultados y en la necesidad de regularlas para el futuro.

Mientras los representantes del Movimiento Progresista reiteraron que fueron determinantes, tanto como para ser uno de los agravios centrales en el juicio de inconformidad, Leonardo Valdés participó directamente en el debate y dijo tener la convicción de que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas.

El diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo recordó que los propios encuestadores han reconocido que se equivocaron y ante ello no es válida una simple disculpa ya que, en su opinión, se utilizaron como propaganda electoral.

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