Asesinan a dirigente campesina pese a escolta de 10 policías

CHILPANCINGO, 29 de noviembre (Quadratín México).- Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), y su hijo Reynaldo Santana, de 17 años de edad, fueron asesinados hoy en un crimen que resulta sospechoso porque ella llevaba una escolta de 10 policías que a la hora de la emboscada desaparecieron.

De hecho, ningún policía resultó herido y aparentemente ni dispararon una sola bala, luego que la dirigente campesina fuera emboscada por unos 30 a 40 hombres armados, presuntamente paramilitares y talamontes.

Una menor que acompañaba a la líder y a su hijo logró darse a la fuga y salir ilesa.

El crimen de hoy se suma a una serie de asesinatos en contra de los campesinos de la región en un conflicto que tocaría intereses muy altos.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron los hechos y dijeron que el homicidio fue perpetrado cuando la mujer pretendía encabezar a unas 45 familias de La Laguna que se desplazarían a la comunidad Puerto de las Ollas, en el mismo municipio.

El desplazamiento era con el fin de refugiarse en un lugar seguro lejos del acoso al que han estado sometidos por presuntos grupos paramilitares y talamontes.

Desde 1999 dirigentes y otros miembros de esta organización han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, prisión y exilio.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos en Guerrero, informó que el traslado de las familias de La Laguna a Las Ollas se suspende hasta nuevo aviso.

Olivares Hernández explicó que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, le notificó vía telefónica que Juventina Villa subió en una cuatrimoto a uno de los cerros aledaños a La Laguna para realizar una llamada telefónica, acompañada de dos de sus hijos, uno de 17 años y una niña de siete.

Los acompañaban 10 policías estatales, cinco adelante y los otros atrás.

Salgado Gómez agregó que, según los reportes que recibió, “al llegar a la cima la estaban esperando unos 30 ó 40 hombres armados, que empezaron a dispararle. Ella murió de inmediato, lo mismo su hijo, y la menor logró huir. Los policías no pudieron repeler la agresión y optaron por refugiarse”.

Olivares Hernández mencionó que, de acuerdo con lo informado por Salgado Gómez, “ya están subiendo policías y agentes del Ministerio Público por el municipio de Petatlán, en la Costa Grande, y por Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, para hacer diligencias y resguardar a los pobladores”.

Fuentes policiacas del municipio de Ciudad Altamirano informaron que antes del éxodo, Villa Mojica y sus hijos fueron al panteón “a despedirse” de familiares y sus amigos ahí sepultados.

Hipólito Lugo Cortés, visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), informó que hace unos días emitió una recomendación a Martha Elba Garzón Bernal, procuradora general de Justicia del estado, por negligencia en la investigación de los asesinatos y amenazas contra las familias de La Laguna, Hacienda de Dolores y El Pescado, que este miércoles emigrarían a Puerto de Las Ollas.

Lugo Cortés dijo que recientemente “nos enteramos de los homicidios que se perpetraron en La Laguna. Hace menos de un mes, la dirigente (de los campesinos ecologistas), Juventina Villa, y familiares de ella acudieron a Chilpancingo e interpusieron una queja contra la procuraduría estatal por actos de negligencia en hacer efectivo el acceso a la justicia”.

Destacó que la Coddehum intervino ante el gobierno estatal. La más reciente reunión fue el pasado viernes, cuando “se trató el problema de inseguridad que se vive en La Laguna, el riesgo y las amenazas que han recibido, y se solicitó a las autoridades apoyo para reubicarlos”.

Lugo Cortés aseguró que el gobernador Ángel Aguirre, por conducto del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, se comprometió a apoyar a los campesinos, “pero vemos con preocupación el desplazamiento de los ciudadanos” y la dilación “para hacer efectivo el acceso a la justicia”.

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