Camioneta lo derriba en moto al parecer robada poco antes
TIJUANA, 23 de noviembre (Quadratín México).- Para ser padre o madre no hay exactamente una escuela, pero uno se guía por la sensatez, la sensibilidad y, sin duda, por una gran amor a los hijos e hijas, por lo que es estrujante escuchar y difícil de creer que alguien decida educar a sus pequeños quemándoles las manos.
No es posible pensar que quemarle las manos a un pequeño inocente de siete años es una práctica apropiada para educarlo.
Pues bueno, en Tijuana, una pareja fue detenida por precisamente cometer este atropello.
Agentes de la Policía Municipal del Distrito Los Pinos en esta ciudad fronteriza identificaron a los detenidos como Frania Elizabeth “N”, de 30 años, madre del menor, y Orlando “N”, de 36, el padrastro.
Los oficiales se entrevistaron con la maestra del menor, quien dijo que decidió llamar a las autoridades al notar las quemaduras del niño.
El menor de siete años les dijo a los policías que su padrastro le había ocasionado las quemaduras con un encendedor porque había tomado sin permiso una medicina de su mamá.
Luego los agentes se entrevistaron con la madre, quien aceptó que su pareja “sentimental” le había quemado las manos a su hijo con un encendedor días antes y en presencia de ella; al cuestionarle el motivo, indicó que porque el pequeño había tomado su insulina.
El caso es que el menor un día, por curiosidad, como es normal, agarró la insulina, la cual, seguramente, no le dijeron que no debía tocar ni tampoco la colocaron lejos de su alcance.
“Entonces, Orlando le advirtió a mi hijo que si lo volvía hacer le iba quemar las manos”, dijo la madre. “Así que al no encontrar de nuevo la medicina, llevó a cabo su amenaza”.
Los policías fueron a la privada Las Misiones, del fraccionamiento Laderas de Otay, donde el padrastro del menor trabaja como guardia de seguridad.
Vaya, al menos es honesto, porque al ser cuestionado el señor, él aceptó que le quemó las manos a su hijastro porque lo estaba educando.
La pareja fue turnada a la Agencia del Ministerio Público del Orden Común, en donde se determinará su situación legal.
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