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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre (Quadratín México).- A 11 años del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, su familia y abogado buscan que el caso sea atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hoy estamos luchando porque el caso se lleve a nivel internacional, y el pasado 30 de agosto se envió dicha petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la activista.
Al conmemorar un aniversario más del asesinato de Ochoa, durante el foro “Los Retos de la Protección de Personas de Derechos Humanos”, celebrado en la CDHDF, reiteró que aunque el caso ya está cerrado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la familia tiene claro “que hubo influencia de intereses políticos”.
Al señalar que creían realmente en que se esclarecería el caso, dijo que desafortunadamente nunca les permitieron aportar algunos datos sobre la muerte de Ochoa “porque todo el tiempo fue suicidio, pero a Digna la mató un miembro del Ejército el cual renuncia en diciembre de 2001”.
A su vez, David Peña, abogado de la familia de la activista, indicó que a pesar de haber mantenido comunicación con la CIDH, en el último año han solicitado en tres ocasiones la admisión del caso del asesinato de Ochoa, mismas en las que se les ha negado.
Ante ello, confió que ahora con Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la defensora originaria de Misantla, Veracruz, sea admitido en esta instancia, por la cercanía que en algún momento tuvo con ella y su caso.
“Conoció a Digna, elaboró un informe especial cuando era ombudsman de esta ciudad sobre el caso, señalando las inconsistencias, irregularidades y deficiencias de la investigación. Esperamos que tenga a bien facilitar la gestión para que el caso sea admitido”, manifestó.
El abogado señaló que en estos 11 años, la familia ha insistido y ha demostrado técnica y pericialmente que Digna Ochoa fue asesinada y no se suicidó como lo estableció la Procuraduría de Justicia capitalina.
De acuerdo con el abogado, cuando la PGJDF inició las investigaciones “la primera definición es que se trata de un asesinato”, incluso, dijo, la misma Comisión Interamericana inició de oficio una petición formal de información del caso.
Incluso sostuvo que “cuando estas líneas se acercan a la principal línea de investigación que es el Ejército Mexicano, cambia el discurso de la procuraduría y ahora se dirige hacia la vida personal de Digna y a partir de ahí comienza a construir el perfil psicológico para justificar la resolución del suicidio”.
En este sentido, reiteró que la familia y su defensa legal continuarán insistiendo en el reconocimiento del asesinato de la activista, así como de seguir la que afirman es la principal línea de investigación.
Peña dijo que de ser atraído el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no sólo representa una oportunidad de justicia para la familia, sino una oportunidad de justicia para los casos de las y los defensores de derechos humanos que no han sido resueltos.
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