Consignan a ex funcionarios de la PGR y la SCJN por ser informantes del narco

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre (Quadratín México).-  Siete funcionarios, tres de la PGR y uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron detenidos y consignados por su presunta colaboración con el cártel que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán, confirmó la Procuraduría General de la República .

El titular de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas Martínez, informó que la investigación continúa en trámite, toda vez que existen indicios de la existencia de una red de informantes de servidores públicos.

Comentó que las investigaciones iniciaron en febrero y las primeras consignaciones se realizaron en junio, cuando se arrestó a personal que de la propia SIEDO, como es el caso de Juan Carlos de la Barreta Vite.

“Esta persona salió de la institución para desempeñarse como empleado administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde anteriormente trabajó y fungió como secretario de estudio y cuenta del ministro Sergio A. Valls Hernández”, detalló.

Este servidor público era supuestamente “informante” de Felipe Cabrera Sarabia, ‘El Ingeniero’ o ‘El Señor de la Sierra’, quien fue detenido a finales de 2011 por personal del Ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, quien fue identificado como el principal escolta de ‘El Chapo’ Guzmán.

A raíz de la detención del presunto narcotraficante, de la Barrera Vite fue contactado por Víctor Omar Martínez Ferrara, quien le solicitó información sobre el estado que guardaba el proceso contra ‘El Ingeniero’, así como los datos que estaban aportando contra la mencionada organización criminal diversos testigos protegidos.

Por dichos informes el ex servidor público recibía fuertes cantidades de dinero en dólares.

Otro de los detenidos es Manuel Arroyo Martínez, quien era coordinador técnico de control de la SIEDO, y quien se presume se hacía pasar como una persona cercana a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

“Se tienen pruebas contundentes para proceder por lo menos contra siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema, de estos se obtuvo orden de aprehensión que fueron cumplidas y fueron ingresados a diferentes centros de reclusión, a quienes se procesa por el delito de delincuencia organizada”, puntualizó.

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