Muchos indígenas sufren injusticias por no saber español

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto (Quadratín México).- María Elena Vicente, oriunda de la región Papaloapan de Oaxaca, decidió certificarse como intérprete de la lengua chinanteca después de ver que varios paisanos suyos estaban encarcelados injustamente por no haber contado con un traductor durante los juicios.

“Pero no sólo los chinatecos están en esa situación, también hay (hablantes de) náhuatl, mazatecos, zapotecos, de todo”, comenta María Elena basada en su experiencia de vida, que no está alejada de los datos oficiales.

El chinanteco, autodenominado por su hablantes como jujmi, es sólo una de las lenguas indígenas de la familia lingüística oto-mangue, que se habla en comunidades de los municipios oaxaqueños de San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, Valle Nacional, Chiltepec, San Juan Cotzocón, San Lucas Ojitlán y San Juan Bautista Tuxtepec; o los veracruzanos Cosamaloapan, Isla, Tierra Blanca, Tres Valles, Uxpanapa, entre otros más.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay ocho mil 634 indígenas encarcelados en el país, quienes de 2011 a la fecha han presentado más de 400 quejas por detenciones arbitrarias, la omisión de servicios de salud y falta de un intérprete para un debido proceso.

Alrededor de 313 de las quejas han sido tomadas por las comisiones locales de derechos humanos y 91 por la CNDH.

Contar con un traductor es un derecho inscrito en el inciso VIII del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no importa que el implicado hable bien el español, pues si su lengua materna es indígena puede solicitar un intérprete y la autoridad está obligada a proporcionarlo.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) colabora con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para tratar de garantizar este derecho y cuenta con un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas que las dependencias pueden consultar en Internet.

Incluso, es posible localizar ya sea la oficina o la residencia de cada traductor con ayuda de una aplicación para Google-maps, pero el problema principal radica en que no hay suficientes intérpretes y no están cubiertas las 364 variantes lingüísticas del país.

Ese padrón nacional tiene inscritos a 337 intérpretes que hablan sólo 69 de las variantes lingüísticas, y aunque la mayoría están concentrados en las zonas con mayor población indígena como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán, ni en estas entidades están garantizados los traductores para la totalidad de las lenguas.

El chinanteco por ejemplo, que se habla en diversas zonas de Oaxaca y algunas partes de Veracruz, tiene 11 variantes de acuerdo con la ubicación geográfica de las comunidades: del norte, central bajo, del sureste alto, del sureste bajo, del oeste central alto, de la Sierra, del noroeste, del oeste, del oeste central bajo, del sureste medio, o central; según detalla el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del Inali.

Hasta ahora el padrón no tiene registrados intérpretes para ninguna de ellas. De aprobar su examen, María Elena sería una de las primeras.

Genaro Serna, funcionario encargado de los procesos de certificación del Inali reconoce estas carencias y añade que lo ideal sería tener en cada juicio un traductor para el acusado y otro para la víctima, pero “como carecemos de un número importante de intérpretes generalmente se considera que éste se desempeñará de manera imparcial”.

Por ello, explica que no basta hablar alguna lengua indígena para ser intérprete, pues antes se necesita cumplir con un “estándar de competencia” diseñado por el instituto, las universidades y los propios traductores.

El intérprete, asegura Serna, debe comprender la cultura detrás de cada lengua, desarrollar un glosario de términos jurídicos, así como adherirse a un código de ética para garantizar una actuación imparcial.

Desde 2007 el Inali organiza una serie de diplomados y cursos para la formación de intérpretes en distintas lenguas, con duración de entre 180 y 220 horas.

La evaluación final para obtener la certificación dura aproximadamente cuatro horas y consiste en la simulación de un juicio oral en el que participan jueces, ministerios públicos, además de otros funcionarios judiciales en funciones.

El aspirante debe traducir al acusado ficticio el rebuscado legajo de imputaciones y pruebas en su contra que lee el secretario; además, todo lo que digan la fiscalía y el juez; asimismo, traducir a los funcionarios lo que diga el acusado, mientras un evaluador califica su dominio de la lengua y de los términos jurídicos.

En el curso de cuatro años 417 personas han participado en los diplomados de formación, pero de acuerdo con Serna sólo 90 de ellas han recibido la certificación.

La situación entonces está lejos de ser la ideal, pero cabe recordar que las políticas públicas en la materia son relativamente recientes y requieren de un enfoque a largo plazo para que el uso de las lenguas indígenas tienda a profesionalizarse y se garantice el derecho a un intérprete.

“Por muchos años se creyó que las lenguas indígenas solamente servían para contar anécdotas o cantar canciones en el pueblo, pero me parece que la sociedad multicultural de hoy está valorando más su uso en el ámbito académico y profesional”, afirma con optimismo Benjamín Lucas, historiador y aspirante a la certificación como intérprete de purépecha.

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