Pugna CIDH por eliminar pena de muerte en países de América

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto (Quadratín México).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en los países del continente americano que aún la mantienen.

El llamado de la institución interamericana fue hecho con motivo de la publicación del informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”.

El informe busca difundir los estándares sobre la aplicación restrictiva de la pena de muerte, según ha sido examinada por órganos del sistema interamericano en Barbados, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas, y Trinidad y Tobago.

“La Comisión Interamericana insta a los Estados miembros de la OEA que mantienen la pena de muerte a eliminarla o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación”, señaló.

El informe recomienda ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte y abstenerse de adoptar medidas que busquen su extensión o su reincorporación.

Asimismo propone las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital.

El informe pide igualmente asegurar el cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas que involucran casos individuales, así como medidas cautelares y provisionales relacionadas con la pena de muerte.

La CIDH reconoció que los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos no prohíben la imposición de la pena de muerte, pero establecen restricciones y prohibiciones específicas respecto de su aplicación.

La Convención Americana adoptó las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que se fuera reduciendo hasta su supresión final, ejemplificó.

La CIDH resaltó que existe una tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte que se hace evidente en los recientes sucesos en Naciones Unidas, sistemas regionales de protección de derechos humanos y en el ámbito del derecho penal internacional.

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