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CIUDAD DE MEXICO, 9 de agosto, (Quadratín México).- Ante las múltiples quejas en su contra por irregularidades y actitudes parciales en el desahogo del concurso mercantil, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la reubicación de Consuelo Soto a otro juzgado, por lo que abandonará el concurso mercantil de Mexicana de Aviación.
Consuelo Soto fue enviado al juzgado tercero de distrito en materia civil, cuya titular, Edith Alarcón Meixueiro, se hará cargo del juzgado décimo primero de la misma materia, donde se tramitan los cuatro concursos mercantiles relacionados con la aerolínea.
Con la llegada de la nueva juez, está en riesgo la permanencia del administrador de Mexicana y conciliador del concurso, José Gerardo Badín, cuya remoción fue solicitada la semana pasada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“El CJF determinó reubicar al juez Felipe Consuelo Soto, dado que existen en trámite seis quejas y denuncias promovidas por acreedores intervinientes en el concurso mercantil 432/2010, en las que se señala que probablemente se encuentra afectada su imparcialidad al emitir opiniones subjetivas relacionadas directamente con la posición de un determinado grupo de interesados dentro del propio concurso mercantil”, explicó el órgano en un comunicado.
“En particular, le atribuyen al juzgador haber efectuado pronunciamientos públicos en favor de algunas de las partes que intervienen en el procedimiento”, agregó, en referencia a videos que muestran a Consuelo arengando a trabajadores de la aerolínea y prometiendo que “a golpe de resoluciones” obligará al Gobierno a apoyarlos.
Las quejas han sido presentadas por los principales acreedores de Mexicana, entre ellos Banorte, Bancomext, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la Profeco, que además de las denuncias ante el CJF, habían iniciado un trámite jurisdiccional para lograr la recusación del juez.
La gota que derramó el vaso en este caso fue la negativa de Consuelo para nombrar al despacho White & Case como interventor en el concurso, misma que fue solicitada por los dueños del 35 por ciento de la deuda de Mexicana para vigilar la actuación de Badín.
El juez tardó cuatro meses en resolver la solicitud, y la negó argumentando que los estatutos sociales del despacho no prevén que cumpla funciones de interventor, resolución que provocó serias críticas, pues Consuelo dio a un particular el trato de una autoridad que solo puede hacer lo que su reglamento interior le permite.
Otros puntos de crítica al juez incluyen la decisión de suspender por tiempo indefinido la etapa de conciliación del concurso, que por ley no debe durar más de un año; la inclusión de múltiples bienes que no eran propiedad de Mexicana dentro de la masa concursal; la opacidad en el manejo de las ofertas que inversionistas han hecho para capitalizar a la empresa, sin que a la fecha se hubiera comprobado que existen los recursos; y la práctica de lanzar advertencias y exhortos a autoridades que no son parte en el concurso para “respetar los derechos humanos” de los trabajadores.
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