PERSPECTIVAS: La lucha

Desde siempre, las fuerzas de la iglesia católica en nuestro país, han luchado por que la suya, sea la religión oficial en México. La lucha es tan vieja, como el país mismo a partir de que se declarara el estado laico. Pero ha sido en los últimos meses en los que esa batalla ha cruzado ciertos límites y se ha convertido en algo muy parecido a una provocación. Y el problema es más serio, cuando se entiende que el gobierno federal, encargado de hacer cumplir las leyes, es el primero en dejar de cumplir con sus responsabilidades.

El estado laico no es un ataque en contra de nadie. Por el contrario, es la garantía para que todos, de la forma en que lo consideren adecuada, rindan culto a la fe que mejor les acomode. O para que no tengan fe alguna. Es la la libertad con el respeto obligado de los demás.

Pero ahora, gobernadores, alcaldes y una que otra figura política más, aparecen en actos públicos para “entregar a Dios” la responsabilidad del cargo que ocupan.

Y se quiere hacer creer que ello no violenta la ley.

Pero se olvida que, todos los que ocupan un cargo de elección popular, al asumir el cargo, protestan “cumplir y hacer cumplir” las leyes. Y los actos religiosos tiene una normatividad que respetar y que no parece sea el caso de los últimos meses.

El caso más reciente es el de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. Pero no es el único. Y por ello es que se ha convertido en tema de grandes discusiones. Y por supuesto, de varias interrogantes.

El gobierno federal actual hizo del combate a la impunidad, una de sus grandes banderas para alcanzar la conquista del poder. Pero a la hora de poner en orden a los gobernadores y alcaldes que se olvidan de la separación de la iglesia y el estado, ha decidido guardar silencio.

En otras palabras, aquellos que se comprometieron a hacer respetar la ley, son los primeros en no cumplir con ella. Y el primer efecto es que el prometido combate a la impunidad, se convierte, como tantos otros temas, en algo que tiene sus “niveles”. Y en esos niveles, el sector católico queda por lo visto, fuera del cumplimiento de la ley.

Otro de los efectos que no es menor importante, es el ¿qué es lo que sucede con aquellos mexicanos que en los lugares en los que se ha entregado el poder a Dios, no comulgan con este tipo de religión o que no tienen ninguna? Esto es, ¿que sucede con minorías o mayorías, que no están en el sector religioso de las autoridades que han decidido romper la ley y provocar riesgos para el equilibrio social?

Los gobernadores y alcaldes que hoy quieren resolver los problemas de sus localidades a base de religión, hicieron campaña prometiendo soluciones humanas. Nunca hablaron de milagros o cosas por el estilo.

Ahora, al aludir al “poder supremo” no están de la manera más abierta, reconociendo su incapacidad para hacer frente a la problemática que enfrentan sus administraciones.

Y ante ello, ¿el camino que ha seleccionado el gobierno federal es dejar pasar y permitir que se violente el marco legal?

La situación se convierte en un problema mucho más serio si se recuerda que, de acuerdo a lo ya anunciado, en unas semanas más, el país entrará en el debate de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Y nadie ignora que ese es un tema que para la iglesia católica es más que fundamental, por lo que se puede esperar una ofensiva abierta y encubierta, para tratar de alcanzar objetivos para los curas muy importantes.

Y de nueva cuenta ¿el gobierno dejará que se viole la ley?

QMX/nda