El INE y la complicidad
• Zapotecos, ONU y ejemplo minero
• Sequía, ABM, Aeroméxico, Asur, Axtel
En febrero de este año, en la comunidad de Magdalena Teitipac, el pueblo zapoteco se levantó contra la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation. El grito generalizado fue: “¡Que se largue del pueblo! ¡No queremos a la mina! ¡Queremos agua limpia, no contaminación!”.
La razón fundamental por la que decidieron expulsar a la mina (a la que el 6 de septiembre de 2007 el gobierno mexicano otorgó la concesión 230489 para exploración y explotación de oro y plata, en una superficie de nueve mil 653 hectáreas de tierras comunales) fue que durante el proceso de exploración contaminó el agua con cianuro, arsénico y mercurio.
El caso de esta mina no es único en Oaxaca, ni en la zona zapoteca. Hace cinco años la minera Fortuna Silver Mines (canadiense, por supuesto) compró la concesión para explotar el subsuelo de San José del Progreso, en el Valle de Ocotlán. En 2011 comenzó a sacar mil 500 toneladas de mineral al día.
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán se opuso a la mina porque no se consultó debidamente a la población. Incluso acusó a la empresa de usar la intimidación para obtener los permisos de los habitantes y de contratar grupos armados. El resultado fue el asesinato de dos líderes opositores.
Esta situación no es privativa de Oaxaca. En Guerrero, en Chiapas, en Sonora o en Chihuahua, hay descontento de indígenas en contra de las mineras canadienses. Un paréntesis curioso es que dentro de los intereses involucrados en la minería, el principal sindicato del ramo –dirigido desde Canadá por Napoleón Gómez Urrutia- tiene como enemigas a las empresas mexicanas, pero no a las canadienses.
La gravedad de lo que sucede en el país es que las empresas “juniors” o “canadienses”, recurren a engaños para que los indígenas mexicanos les permitan explorar y explotar los yacimientos mineros.
Por eso, en el documento que fue presentado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, durante el foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de finales de mayo pasado, se explica claramente la indefensión de las etnias en México ante las empresas mineras.
En primer lugar señala que algunas leyes anulan “el derecho preferente que la Constitución otorga a los Pueblos Indígenas” por cuestiones económicas, además de que “el derecho de consulta y consentimiento garantizado en los instrumentos jurídicos aprobados por México” es prácticamente letra muerta
“Dado que el 70 por ciento del territorio nacional tiene potencial minero y la mitad de todo el territorio nacional es propiedad social, se amplían los frentes de contacto entre la minería y los pueblos indígenas, y crece el potencial de conflictos en un mismo espacio”, dice el documento de la ONU.
Concretamente el texto de Naciones Unidas, señala que los principales conflictos se presentan en la zona de las empresas “juniors” ¿Qué son estas empresas? Generalmente son mineras que una vez obtenida una concesión recurren a la bolsa de valores de Canadá para obtener financiamiento y realizar la exploración y la explotación del suelo mexicano.
Olvidar demandas medioambientalistas
El documento de la ONU –realizado con consultas a los involucrados- refiere que con el cambio de gobierno federal en México, tras la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, “las empresas mineras canadienses indican que no deben introducirse variaciones con nuevas legislaciones sobre el ramo que supusieran un nuevo régimen de otorgación de concesiones y de los pagos correspondientes, ni dar preferencia a las demandas socioambientales”.
Y expone ejemplos como las declaraciones de Adam Graf, portavoz del banco de inversiones estadounidense Dahlman Rose o de Robert McEwen, de McEwen Mining, quienes afirman que el nuevo presidente de México debe seguir sin cambios legales en la minería. Es decir que debe privilegiarse su inversión por encima de los derechos indios o de cuestiones medioambientalistas.
El documento de la ONU concluye que las autoridades mexicanas deben asumir su papel de garantes de protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas, detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra líderes indígenas.
Desde luego que la recomendación general de la ONU es que se realice una minería sustentable en la que se respeten los derechos humanos de las etnias mexicanas. Incluso menciona como ejemplo el marco operativo y pragmático que desarrolla en Oaxaca Grupo MSM S.C.
Lamentablemente (lo más seguro es que por limitaciones financieras) la página de internet de este grupo no se encuentra en operación y las pocas referencias se centran en las investigaciones realizadas por Nemesio Rodríguez del Programa Universitario México Nacional Multicultural de la UNAM, quien señala que este grupo “utiliza lo utilizable de la normatividad vigente para enlazar las concesiones mineras ya dadas con la población, transfiriéndole a ésta y por la vía de Asambleas Comunitarias información amplia y de calidad sobre el proyecto minero de que se trate y sus impactos. “Si la comunidad acepta, en función de respetar sus usos y costumbres, se realizan convenios separados (primero el de exploración y luego, si procede, el de explotación) que pueden ser revisados, reformulados o anulados, según lo convenga la comunidad en el análisis de los impactos que se produzcan en la operación y que, efectivamente, se respete la cláusula de que la mayoría de los empleos generados sean locales.
“Para garantizar y poder solventar los problemas derivados de los pasivos ambientales y revocación de los convenios y suspensión de actividades se genera, de entrada, un Fideicomiso (con intervención de la P.A. e inscripto en el Registro Agrario Nacional –RAN) con los recursos suficientes depositados por la empresa y que serán utilizados por la comunidad según un plan de trabajo establecido”.
El investigador concluye que si bien el ejemplo de MCM no puede evitar los problemas nacionales que las mineras ”junior”, sí permite atender en el terreno sus más grandes impactos ambientales y sociales y urge al Estado a garantizar a los pueblos indios el respeto al conjunto de derechos colectivos e individuales que México asumió cumplir en el ámbito internacional.
Durante los pasados 12 años, las mineras canadienses contaron con todo el apoyo del gobierno federal para ensuciar el ambiente, como lo demuestran los datos del INEGI. Antes de que el futuro nos alcance, lo importante es que la minería sustentable alcance el territorio nacional. Como dice el filósofo del metro: En la colonia la consigna para los indios era “socavón o paredón”, hoy no es lo mismo pero es igual.
Tianguis
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DIARIO EJECUTIVO: Etnias y sustentabilidad/6 – Al Momento Noticias.