
Educación, derecho social
Dentro de la línea gubernamental de alcanzar acuerdos en todos los renglones de la vida nacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio vida al gran pacto nacional para la Productividad. Y como en todos los otros frentes, quedaron pendientes algunos “cómo” y algunas fechas.
Nadie en su sano juicio, podría estar en contra de los acuerdos entre las fuerzas políticas y las de la producción. Pero si se parte de que es la Constitución el verdadero gran acuerdo nacional, entonces lo que resta o bien se queda “corto” ante la magnitud de los problemas, o bien se queda en el terreno de las promesas y lejos de alcanzar el campo de las realidades.
El pacto para la productividad suena bien, por supuesto. Pero parecería obligado pensar que un acuerdo de este tipo tendría, por necesidad que tener todo un apartado dedicado al salario y su papel como elemento fundamental en el terreno de la productividad.
Difícilmente se podrá alcanzar un avance real en todo lo que es productividad, si lo que se quiere, de acuerdo a los dichos presidenciales, es no trabajar más, sino trabajar mejor, para alcanzar mejores resultados.
De esta manera, ¿qué es trabajar mejor y cómo se piensa medir ese punto? ¿Quién o quiénes serán los que marcan lo que es productividad y lo que no lo es?. Y en ese punto, ¿cuál será el papel del salario?
¿Se puede plantear un programa de productividad sin entrar de lleno al campo del pago a los trabajadores? ¿No para fortalecer el mercado interno lo que se requiere es tener un salario realmente remunerador que permita a los trabajadores y a sus familias tener acceso a los bienes necesarios para hacer frente a sus necesidades?
La productividad sin un salario adecuado es una ilusión. Y querer mejorar la productividad sin para ello tener que cambiar el papel del salario, es demagogia.
Es cierto que la productividad no necesariamente debe ser más horas de trabajo. Pero también lo es que tener “mejores resultados” obliga a mejores salarios.
En tanto el salario juegue el papel de insumo en el mundo financiero nacional, las cosas no mejorarán realmente. Lo que se requiere, se acepte o no, es que el salario sea uno más de los factores de la producción. Y en tanto ello no suceda, las cosas no cambiarán de fondo.
Otro de los campos en donde el proyecto oficial parece quedar corto es aquel relacionado precisamente, con el papel del estado en la productividad.
¿Realmente se puede conducir un acuerdo hacia la productividad sin que el gobierno sea también uno de los factores de esa productividad?
En otras palabras, ¿cómo medimos la productividad del gobierno, con qué metas y con qué plazos? ¿A quién hacemos responsable de las metas y de los resultados?
El gobierno ¿puede demandar productividad a todos los factores de la producción sin tener a su vez que rendir cuentas en su responsabilidad?
El proyecto oficial como todos los que se han lanzado a la luz pública parece ser positivo. Pero como en la mayor parte de los casos, faltan algunos “cómo” y varias “cuándo”, lo cual pone en el terreno de las ilusiones muchos de lo que se dice que se quiere alcanzar.
QMX/nda