El poder del nombre
Así como se dice que la célula básica de la sociedad es la familia, otra frase común sentencia que el municipio es la base de la República. Solo que si se atiende a esta premisa, la precaria o quiebra en la que viven la mayor parte de las alcaldías del país reflejarían a la República.
Si los hay, son auténticos “garbanzos de a libra” aquellos municipios que pueden presumir de una sana situación financiera. La mayoría están endeudados tanto con bancos como con proveedores de productos y servicios, porque sus (mal) administradores, lejos de ser gobernantes, ven en esos cargos el trampolín para buscar cargos con ingresos o presupuestos mayores.
Se ha planteado incluso como uno de los requerimientos de una reforma política de fondo la reelección de los alcaldes, tema aún pendiente de ser discutido por los órganos legislativos correspondientes.
La realidad es que los municipios viven o, mejor dicho, sobreviven a la espera del auxilio federal. Esta circunstancia se ha convertido en un atractivo de control o dominio político por parte de estados y municipios.
Durante las administraciones panistas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hizo del mecanismo ideal para controlar a los municipios y, de paso, a uno que otro estado: otorgó dádivas o prebendas a las alcaldías de acuerdo a la lealtad de la autoridad local. Los gobernadores perdieron así su hegemonía y el verdadero control político se trasladó a Hacienda en donde aún se mantiene.
En la última semana los organismos que agrupan a las alcaldías se reunieron con funcionarios federales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto.
En las juntas quedó claro que si los ayuntamientos quieren tener mayor capacidad para responder a sus gobernados y fortalecer sus finanzas deben asumir su corresponsabilidad en el cobro de impuestos. Actualmente los municipios representan el nivel de gobierno de menor recaudación, con apenas 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), planteó el propio presidente Peña Nieto ante alcaldes de todo el país, sin distingos partidistas.
El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es el interlocutor federal para recibir a los dirigentes de la Conferencia Nacional de Alcaldes de México (CONAM) cada tres meses y hasta les agendó, para el 5 de junio próximo, un encuentro con el Consejo Rector del Pacto por México.
A su vez, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que los ayuntamientos compren al Infonavit los 4 millones de viviendas abandonadas para ofertarlas a los empleados municipales y a los policías.
Los presidentes municipales de los distintos partidos solicitaron al gobierno Federal mayores recursos económicos y posibilidades administrativas. Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla, exigió que los ayuntamientos dejen de ser considerados como “menores de edad” y sean tratados como “gente adulta que puede tomar decisiones y no solo administrar las eventualidades de emergencias”.
La delegada en Magdalena Contreras, Leticia Quezada, denunció una red de “coyotaje” para obtener los recursos federales con lo que se pierde entre 30 y 40 por ciento de la participación. El hecho concreto es que las alcaldías están en bancarrota o quiebra, lo que no ayuda para la reconstrucción de la República.
De otra suerte, el destino federal seguirá el camino de muchos municipios cuyas autoridades abusaron de los créditos y dejaron quebrada la administración. Ejemplos sobran, pero el más destacado, sin duda, fue el del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, quien tuvo que refugiarse en la protección del fuero de una diputación y provocar que el PRI perdiera la gubernatura en Morelos, pero esa es otra historia.
Lo urgente es provocar la restructuración de los municipios para que se conviertan en aportadores, más que pedigüeños de dinero de la Federación. O de lo contrario se arriesgan a pedir pan y que haya quien ordene, que les den pasteles.
QMX/am