
Del derecho de protestar al derecho de imponer
Las autoridades del Distrito Federal quieren hacernos creer que son eficaces y además firmes. Suponen que los ciudadanos de la capital del país aceptarán que con la captura de unos meseros, se resuelve el problema de la violencia que se vive en la gran ciudad de México.
El asesinato del nieto del activista estadounidense Malcolm X en Garibaldi sin embargo, resulta en una larga serie de muy malas noticias para el equipo de Miguel Mancera. Y como daño colateral, para el gobierno de Enrique Peña.
El asesinato del “gringo” pone en claro tantas irregularidades que si en realidad se quisiera encontrar una solución, en estos momentos habría tantos detenidos que resultaría difícil señalarlos. Y claro está, habría funcionarios sometidos a investigación.
Dejemos los nombres de lado. El hecho es el mismo que noche a noche, enfrentan todos los visitantes a los muchos antros que existen en la ciudad, extranjeros o no. Cuentas fuera de la realidad, engaños con bebidas adulteradas, colusión entre los “clubs” y las “damas” que ofrecen compañía a los turistas y una absoluta ausencia de vigilancia, como no sea para dar protección a los tugurios que funcionan a lo largo y ancho de la ciudad.
En el caso del estadounidense, los datos que se conocen ponen a la vista una estructura delincuencial que sólo con protección de las autoridades capitalinas podría funcionar.
Una cuenta escandalosa. La negativa a pagar esos elevados precios. La capacidad para que el antro pudiera incomunicar a los clientes en rebeldía. La golpiza que causa la muerte y, sin que nadie hiciera nada, la impunidad para llevar el cadáver a la calle para abandonarlo en espera de que “nadie supiera nada”.
Ante ello, las autoridades del Distrito Federal actuaron sólo cuando se enteraron de que el asesinado resultaba ser un estadounidense con una familia con cierto nivel mediático y con posibilidades de crear un escándalo que dañara, aún más, la imagen del país.
Rápido encontraron a los primeros responsables del asesinato que, claro está, resultaron ser simples meseros. Se habla de otros más, pero la “solución” se había encontrado. Clausuras y aplausos. ¿Pero, esa es la solución realmente?
¿Cómo es que los antros pueden imponer precios de manera tan arbitraria? ¿Cómo es que se pueden alterar bebidas para engañar a los clientes? ¿A partir de qué momentos los antros tienen equipos de seguridad con autorización para incomunicar clientes, golpearlos y lanzarlos a la calle, sin que les pase nada? ¿Cuántos mexicanos al día enfrentan este tipo de situaciones y por el hecho de no ser extranjeros o personas importantes, son simplemente víctimas y parte de las estadísticas?
Lo sucedido en Garibaldi coloca al gobierno federal en un predicamento. La capital del país se encuentra ya, en el mapa de la violencia creciente. Y las autoridades capitalinas no tienen capacidad para resolver el problema.
Hay advertencias de varios gobiernos a sus ciudadanos para que no viajen al país. Ahora, el DF se suma a ese problema. Y el gobierno federal sabe que la corrupción reinante en muchos partes del gobierno capitalino no le ayudará a encontrar las respuestas adecuadas.
Un asesinato en Garibaldi es mucho más que un posible escándalo internacional. Es la mejor demostración de que el gobierno de Miguel Mancera no camina y sí en cambio, acumula problemas y pospone soluciones.
QMX/nda