Abanico
El sentido común y la sensatez dejaron de ser monedas de uso corriente entre los políticos de todo el mundo y en la aplicación de las políticas públicas concernientes a la captación fiscal. En este ámbito, los gobiernos actúan en contra de sus propios intereses, y así perjudican a sus gobernados.
De esa misma enfermedad se contagió Luis Videgaray, quien afirma que la productividad de la economía en México está estancada desde hace tres décadas, y aseguró: “Esto es lo que tenemos que cambiar y debemos ser muy disciplinados, no perdernos en las ramas de los árboles y ver el bosque”, e insistió que el país cuenta con una “economía sólida” y “estable”, aunque esta última condición, “no es suficiente ni para crecer ni para despertar el interés de los mercados financieros”.
Hasta aquí el diagnóstico conocido por todos, porque es el políticamente correcto. La pregunta olvidada queda sin formular, porque nadie quiere reconocer que la riqueza producida por la delincuencia organizada, el comercio y el mercado laboral informales y el producto de la corrupción -en México como en todo el mundo, pero sobre todo en naciones con un pie en el umbral de la crisis política y existencial- matiza el rencor social, suaviza las contradicciones del modelo político, facilita la gobernabilidad y evita que la confrontación existente se convierta en abierta pugna entre el Estado y la sociedad, entre los poderes fácticos y los mexicanos de a pie.
Afirmó el secretario de Hacienda -al hablar en la octava edición de la Cumbre Financiera Mexicana, organizada por Latin Finance-: “Las reformas buscan democratizar la productividad. Si queremos que México crezca tenemos que ser más productivos, pero tenemos que ser más productivos todos, incluyendo las grandes mayorías de mexicanos”.
También dejó constancia de una idea que parece fuera de registro ideológico y programático, lejos del alcance de todo razonamiento lógico que permitiría explicar la relativa paz de la cual gozan los mexicanos, pues sostiene que la estructura del gasto público en México promueve la informalidad, principalmente a través de los programas sociales (¿¿??).
Y abundó: “Si algo ha dañado la productividad en la economía mexicana, es el hecho de que, según las estadísticas más recientes, más de la mitad de la fuerza de trabajo está en la informalidad”.
Explicó que la reforma estructural hacendaria debe ser impulsora de la formalidad. Más claro, ni el agua: la apuesta es hacer entrar al aro de la recaudación fiscal toda actividad informal que produzca riqueza y, hasta el momento, haya sido de utilidad para evitar una explosión social, pues esa economía es a la que apuestan para incrementar lo recaudado por el SAT, en lugar de que los que más ganan paguen mayores impuestos. Nunca sucederá, como jamás ocurre en los países civilizados y políticamente correctos.
Advierte mi Demonio de Sócrates: “Las consecuencias indirecta del ejercicio del poder tienen mucha más importancia que los esfuerzos conscientes de los poderosos. Todo poder, por el hecho mismo de ejercerse, extiende hasta el límite de lo posible las relaciones sociales en las que reposa… así el poder militar multiplica las reglas y la globalización multiplica los intercambios”.
Dense por enterados, los mexicanos, de lo que les espera.
QMX/gom