ENTRESEMANA: ¿Usted disculpe?

Cuando el 7 de noviembre de 1996 se publicó el Decreto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, firmada por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, los goznes de las puertas de la impunidad habían sido aceitados con la captura de una pléyade de supuestos conspiradores para asesinar al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta y al secretario general del CEN del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

Casualmente, 25 días después, el lunes 2 de diciembre de ese año, los ejecutores y artífices de la impunidad zedillista, Fernando Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla fueron renunciados a los cargos de procurador General de la República y fiscal especial para los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, respectivamente.

Lozano, había solicitado licencia a la diputación federal panista para aceptar la invitación de Zedillo y encabezar a la PGR en pos de dizque hacer justicia, pero con un color diferente al del PRI para evitar que se asumiera como un cobro de facturas, la venganza simple y llana del entonces Presidente contra su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

Chapa Bezanilla, que a su paso por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ganó fama de torturador y fabricante de culpables o chivos expiatorios, encontró su espacio natural a la cabeza de la Fiscalía Especial, para la que fue recomendado por el abogado penalista Juan Velásquez, quien declinó la invitación para asumir el cargo, porque aceptar le habría implicado incurrir en el delito de prevaricato.

A Lozano Gracia –que usó fondos de la PGR hasta para comprar los tapetes del baño de su residencia—y Chapa Bezanilla, quien manejó recursos públicos sin comprobación y a manos libres para sobornar –luego tendría un accidente de carretera en un automóvil deportivo de lujo que se cotiza en dólares—se les pasó la mano y procedieron como detectives egresados de los institutos patrulla, y metieron a la PGR y al gobierno de Zedillo en un tobogán de descrédito descomunal y de largo alcance, tanto que el actual procurador, Jesús Murillo Karam, tiene una tarea complicada.

Y, bueno, los presuntos implicados en aquellos casos Colosio y Ruiz Massieu, salieron poco a poco de prisión, una de las últimas fue Francisca Zetina Chávez (a) La Paca, quien junto con Fernando Rodríguez y otros testigos sobornados por Chapa Bezanilla colaboraron en la puesta en escena del “hallazgo” de unos restos –en la finca El Encanto, sita en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal y propiedad de Raúl Salinas de Gortari—que aseguraron eran del entonces desaparecido diputado federal tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, presunto coautor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Y en el caso Colosio, en agosto de 2006 fue absuelto y declarado inocente Othón Cortés Vázquez, acusado y encarcelado por la dupla Lozano Gracia-Chapa Bezanilla bajo el cargo de haber sido el segundo tirador (del disparo) contra Luis Donaldo Colosio. Raúl Salinas también salió de prisión absuelto; se le acusó de la autoría intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco, amén de haberlo implicado en delitos de lavado de dinero.

El punto en esta trama es que todos –al margen de los autores materiales de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, es decir, Mario Aburto Martínez y Daniel Aguilar Treviño, respectivamente, detenidos in fraganti—fueron liberados o purgaron penas menores.

Sin embargo, los autores de la injusticia, fabricantes de delitos y pruebas como Chapa Bezanilla y Lozano Gracia, y más reciente Maricela Morales Ibáñez o Genaro García Luna, andan por la vida sin aparente cargo de conciencia, en la más absoluta impunidad porque el brazo de la ley no los alcanza para llevarlos a proceso penal. Le desgraciaron la vida a cientos de ciudadanos que tuvieron la mala suerte de estar en el momento equivocado.

O quienes por la fama pública se convirtieron en delincuentes por obra y gracia de los testigos protegidos que, bajo el amparo de esa Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueden señalar culpables porque lo escucharon o se los contaron.

En la administración de Felipe Calderón, se atropellaron derechos humanos y personajes incómodos como el general Tomás Ángeles Dauahare, fueron encarcelados. Cobro de facturas políticas, venganzas maquilladas de acto justiciero. ¿Usted disculpe? ¿Se procederá penalmente contra quienes usaron a la ley para saciar apetitos personales? Es cuestión de voluntad política; la ley debe cumplirse sin matices. Digo.

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QMX/msl