Estado de los ESTADOS: Estela de corrupción

Abril 12, 2013.- Al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la extraordinaria corrupción que pudrió el régimen de Felipe Calderón ha estado protegida por la impunidad absoluta. A los funcionarios de la última gestión panista no se les ha molestado por los daños causados al erario público, que costaron miles de millones de pesos a los contribuyentes, a pesar de que fueron denunciados –hay cientos de denuncias penales- y documentados –más de dos mil casos no resueltos- por la Auditoria Superior de la Federación, entre los que sobresalen el desfalco millonario de la Estela de Luz, el fraude de los sorteos Melate, los sobornos a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, entre muchos otros cuyos expedientes duermen el sueño de los justos.

Y no se trata solo de los abusos y desfalcos o de los fraudes de funcionarios medios y hasta menores –que son los que, en algunos casos, han sido señalados y acusados sin ser detenidos- sino de lo cometido por el propio ex presidente Felipe Calderón en más de 9 mil observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación y la danza de miles de millones de pesos de impuestos devueltos a corporaciones nacionales y extranjeras que le significaron pérdidas de gran consideración al erario. A eso habría que agregarle la desaparición de cientos de miles de millones de dólares de los excedentes petroleros y los manejos a discreción de las cuentas de gastos que realiza de manera directa la Presidencia, incluyendo en estos los referentes a difusión de las actividades del gobierno federal y publicidad que, como se sabe beneficiaron abiertamente a Televisa y a Azteca.

De todos estos casos, en lo que va del régimen de Peña Nieto nadie de primer nivel ha sido castigado. La Estela de Luz, el monumento que sería emblemático de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, terminó envuelto en un escándalo de fraude, toda vez que fue presupuestado en 339 millones de pesos y terminó costando mil 100 millones 575 mil pesos. A tres años de revelado, apenas este jueves un tribunal federal  ordenó las aprehensiones de 12 funcionarios acusados de contratar con sobreprecio dicha obra. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había descubierto un sobreprecio de 248.9 millones de pesos en la compra del acero y otros 150.3 millones más de pagos indebidos, en el escándalo de corrupción más emblemático de la administración de Felipe Calderón, que constituyó apenas la punta del iceberg.

El magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, Enrique Escobedo Ángeles, giró las órdenes de captura contra 11 ex funcionarios de iii Servicios, empresa subsidiaria de Pemex encargada del proyecto y uno de la Secretaría de la Función Pública, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público, los cuales no son considerados como graves. Siempre y cuando no sean capturados, los acusados pueden suspender la aprehensión mediante un amparo. Si los acusados llegan a ser detenidos pueden solicitar la libertad provisional. Hasta el cierre de estas líneas no había sido detenido ninguno.

Las aprehensiones por el primer delito fueron giradas contra Domitilio Barragán Álvarez, ex gerente jurídico, Juan Ricardo Díaz Ortega, ex sub gerente de Construcción, y Bernardo Garza Garza, gerente comercial de iii Servicios. Asimismo, contra Mario Javier Rodríguez González, ex gerente Administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario, Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas, y Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de Concursos.  También contra Erick Treviño Rubio, ex sub gerente de Evaluación, Estadística y Mejora; Ricardo Olivares Correa, ex sub gerente de Contabilidad y Presupuesto; y Sergio Salas Arellano, ex coordinador de Mantenimiento Zona Centro, todos de la empresa subsidiaria de Pemex.

Por el delito de ejercicio indebido del servicio público, se libraron órdenes de aprehensión contra Aarón Vázquez Figueroa y Rubén Enrique Arenal Alonso, ex subgerentes jurídicos de iii Servicios, y contra Ernesto Villaseñor García, ex titular del órgano interno Control de la empresa, el cual depende de la SFP.  Los primeros nueve ex funcionarios señalados fueron acusados por la PGR de contratar la obra sin licitación a Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.P.I y Gutsa Infraestructura, y también por presuntas autorizaciones de contenido económico para cubrir sobreprecios.

Ese caso, como la mayoría de los ventilados en la opinión pública, sigue percibiéndose como parte de la impunidad del sistema. Y para ilustrarlo están otros casos que se convirtieron en escándalos: los sobornos al entonces director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno, revelados por una investigación en Estados Unidos que comprobó que la empresa ABB sobornó al ex funcionario y a otros cuatro directivos más de CFE: Gustavo Alfonso Salvador Torres, ex subdirector de Información y Administración de Energía del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); Ricardo Sosa Ríos, ex gerente de Información y Administración del Cenace; Jorge Hernández Aguilar, ex gerente de Informática y Telecomunicaciones del Cenace; y Hugo Ubieta Rodríguez, ex jefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial del Cenace.

Otro caso más de impunidad es el de seis empleados de Pronósticos Deportivos que engañaron al interventor de la Secretaría de Gobernación al simular los resultados de un sorteo Melate para ganar 106 millones de pesos. Los empleados cobraron el premio y simplemente se fugaron. Por este caso fueron sancionados ocho funcionarios por la Función Pública. A cuatro se les aplicó multas por 182 millones de pesos y su inhabilitación como servidores públicos por 20 años. Entre estos se encuentran Héctor Hugo López Jiménez, subdirector de Concursos y Sorteos; José Luis Jiménez Mangas, ex director de Marcas Deportivas; Gustavo García Pérez y Carlos Alberto López Martínez, coordinadores profesionales ejecutivos de Concursos y Sorteos.

Y para destacar otro caso más está el del soborno a miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Policía Federal (PF) realizado por la empresa Bizjet International Sales & Suport, a cambio de que incidieran en la adjudicación de contratos para prestar servicios de mantenimiento, reparación y revisión de las aeronaves de dependencias gubernamentales. El Departamento Estadounidense de Justicia entregó a al Procuraduría General de la República (PGR) todo el expediente del caso.

Esos cuatro casos de corrupción comprobada y aún impune forman parte de los más de dos mil procesos “vivos” en materia de combate a actos de corrupción que heredó la administración de Felipe Calderón a la de Enrique Peña Nieto, entre los que también destacan el “despilfarro” de 3 mil 751 millones de pesos en los festejos del Bicentenario de la Independencia y el manejo discrecional de 16 mil 752 millones de pesos a fideicomisos y mandatos. El último presidente panista se fue sin aclarar las más de 9 mil observaciones en la materia que le hizo la Auditoría Superior de la Federación.

Tampoco aclaró porque su administración se caracterizó por las altas devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes, lo que afectó los ingresos tributarios de su gestión, toda vez que los ingresos representaron, en promedio, 13 por ciento de la recaudación anual, según la ASF. Tan sólo en 2011, las devoluciones alcanzaron 283 mil millones de pesos, de los cuales 63 mil millones beneficiaron a 20 grandes contribuyentes. Ningún funcionario de la pasada administración ha sido llamado  a cuentas por estos hechos.

En términos globales, imperó e impera la impunidad.

CERRAZON OFICIAL

A pesar de las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en al menos seis entidades de la República, y el hecho de que han logrado aglutinar a otras fuerzas sociales y sindicales para luchar en contra de la reforma educativa, además de que han tramitado 50 mil peticiones de amparo, el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educción Pública, Emilio Chuayffet, parecen no querer verlos y, mucho menos, oírlos, lo que ha complicado el problema magisterial.

La repuesta del presidente a las movilizaciones magisteriales fue ignorarlas y enviar al Senado de la República las cinco ternas de aspirantes a ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el organismo encargado de evaluar a los maestros, creado a raíz de la recién aprobada reforma educativa que modificó el artículo 3 y 73 constitucionales, cambios a los que se oponen los maestros. Las ternas fueron enviadas por periodos, es decir, dos ternas buscan cubrir dos plazas para cinco años; otras dos ternas, van por un periodo de seis años; y la última terna, busca cubrir una plaza por siete años.

La primera terna, para cinco años, está integrada por Benilde García Cabrera, Lorenza Villa Lever y Margarita María Zorrilla Fierro; la segunda terna la conforman Eduardo Backhoff Escudero, Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales y Pedro Alejandro Flores Crespo. Para un periodo de seis años, la terna la integran: Teresa Bracho González, Tiburcio Moreno Olivos y Carlos Muñoz Izquierdo; y la segunda terna está conformada por Gilberto Ramón Guevara Niebla, Mario Rueda Beltrán y Felipe de Jesús Tirado Segura. Para un periodo de siete años, la única terna esta integrada por María Luisa Chavoya Peña, Aurora Guadalupe Loyo Brambila y Sylvia Irena Schmelkes del Valle. La elección recae en el Senado de la República y si no resuelve en un plazo de 30 días, el Presidente tiene la facultad de nombrar a un integrante de la opción como parte de la Junta de Gobierno del INEE.

También el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet ignoró las demandas y movilizaciones de los maestros en entidades federativas y el propio Distrito Federal, y dio a conocer que están terminadas las leyes secundarias de la reforma educativa y que serán enviadas al Pacto por México este mismo mes, en  un ejemplo más de la usurpación de funciones de este grupo partidista al Congreso de la Unión. El funcionario evidenció las prisas del gobierno de Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación y crear la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación.

El que sigue resintiendo la presión de los maestros es el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien indicó a los maestros su disposición al diálogo, “pero sin presiones, ni amenazas”. Mientras, integrantes de la Coordinadora Estatal de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon dos carriles de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués. Los maestros también presentaron nuevamente la iniciativa de reforma a la ley estatal de educación a la Comisión de Gobierno del Congreso estatal, que preside Bernardo Ortega. Tras liberar la Autopista del Sol, maestros y estudiantes normalistas hicieron un plantón frente al Congreso local para presionar.

Y ante el cúmulo de amparos que se están presentando contra la reforma educativa, el Consejo de la Judicatura Federal designará a un mayor número de servidores públicos para que atiendan estos casos, y determinó que tres juzgados radicados en Cholula, Puebla, sean los que exclusivamente conozcan, tramiten y resuelvan estos casos.

En tanto, en Michoacán, en donde ni siquiera gobernador hay, estudiantes normalistas secuestraron ayer cuatro autobuses y tomaron al menos seis casetas de peaje de la autopista Siglo 21, en demanda de la entrega de plazas automáticas para los egresados de las ocho escuelas de maestros. También se manifestaron en contra de la reforma educativa y en apoyo a los profesores de Guerrero y Oaxaca.

Y en Oaxaca, integrantes de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron una marcha para este viernes en contra de la retención de salarios de más de 2 mil trabajadores de este gremio, por parte del Instituto Estatal de Educación Pública.

Contraria a la posición del gobierno federal, los denominados cinco gobernadores “progresistas”, Gabino Cué de Oxaca, Angel Aguirre de Guerrero, Arturo Núñez de Tabasco, Graco Ramírez de Morelos, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se reunieron anoche para analizar la situación del país, así como las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en distintas entidades federativas.

 DE LOS PASILLOS

En Estados Unidos, los senadores que evalúan un nuevo proyecto de ley de migración alcanzaron un acuerdo sobre los salarios de los trabajadores agrícolas extranjeros y el límite de las visas para este tipo de empleados, informó –sin dar detalles- la senadora demócrata Dianne Fistein. Ese aspecto es uno de los más importantes a negociarse antes de que el proyecto de ley sea presentado para su debate en el pleno del Senado en los próximos días.

Tras la renuncia del consejero electoral Sergio García Ramírez, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen con cinco nombres de aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del IFE. Los nombres avalados son: José Fernández Santillán, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y Antonio Horacio Gamboa Chabban.

En el Senado de la República se aprobó por unanimidad el dictamen que define los criterios con los que el Ministerio Público federal podrá atraer e investigar las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, la creación de una Fiscalía Especializada y fiscalías estatales que investiguen delitos contra comunicadores sigue pendiente… También en la Cámara alta, pero en comisiones, fue aprobada la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, encaminada a regular las deudas estatales e impedir que los gobiernos contraten endeudamientos excesivos.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, desmintió que la reducción de homicidios en México sea resultado de la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal y sostuvo que se debe a los acomodos y acuerdos de los grupos criminales. Explicó que “en algunas regiones, la consolidación de un grupo del crimen organizado, es decir, su hegemonía ante otros grupos que se disputan la plaza, lleva al cese de la conflictividad, y eso explica también la reducción de muertes violentas”.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que la indagatoria que reveló que se fraguaba un complot para asesinar a David y Ricardo Monreal apunta a que el móvil del frustrado crimen es la venganza, por la desaparición del ex edil interino de Fresnillo, Zacatecas, Juan Carlos Guardado, ocurrida en febrero de 2011. El empresario Arturo Guardado Méndez se perfila como el autor intelectual del plan para asesinar a los legisladores federales.

Parte de guerra: escuelas de nivel básico, medio y medio superior de los municipios de Atpatzingán y Buenavista Tomatlán, Michoacán, suspendieron clases tras los hechos de violencia registrados en la región de Tierra Caliente. Se espera que los estudiantes regresen a clases hasta el lunes… En Oaxaca, militares y policías federales interceptaron a 120 indocumentados centroamericanos, incluidos 20 menores de edad. El grupo esta formado por 108 guatemaltecos, seis salvadoreños y seis hondureños… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la