Estado de los ESTADOS: Gabinete achicado

Abril 9, 2012.- Tal parece que conforme pasan los días, se van achicando los integrantes de las supersecretarías del “gabinetazo” constituido por decreto por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora tocó el turno al responsable de la política interna del país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró que el país enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos y que ésta es una “tarea de grandes dimensiones”. La falta de resultados al arrancar este gobierno, la ausencia de nuevas estrategias y políticas para afrontar los retos de México, y la poca capacidad exhibida por los funcionarios de primer nivel, los han llevado a declarar que es inmensa y titánica la labor que se tiene que llevar a cabo para resolverlos, lo que lleva a pensar que los retos sobrepasan sus capacidades.

Antes que su jefe, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, había señalado la semana pasada que “la crisis de seguridad que vive México es una “tarea titánica” que tiene profundas raíces”, para justificar la falta de resultados en el combate a la violencia y el crimen organizado y el hecho de que la ola de violencia sigue con igual intensidad a lo largo y ancho del país.  Días antes, al echarse andar la Cruzada Nacional contra el Hambre, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, declaró que “es una tarea titánica (…) un reto enorme”. Lo que no han explicado es por qué no hay cambios de fondo en las políticas públicas para atacar los añejos problemas del país. ¿Por qué ocupan la mayoría del tiempo en justificar el tamaño del problema para explicar la falta de resultados tangibles no obstante que ya llevan en el poder más de cuatro meses?

Lo que se ha hecho hasta el momento es poco, realmente muy poco a lo que esperan los electores que les permitieron recuperar la Presidencia de la República. En cuestiones de seguridad sólo se ha trabajado para bajar la “percepción” de violencia. Han llegado al grado de filtrar a “amigos” periodistas que la cifra oficial de muertos vinculados con delitos federales en el sexenio de Felipe Calderón es de “sólo” 65 mil 362 homicidios relacionados con delitos federales, es decir con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, cuando datos de autoridades estadounidenses y observadores internacionales estiman al menos 150 mil los muertos en el sexenio de Felipe Calderón. Cálculos de organizaciones no gubernamentales y activistas hablan de al menos 90 mil muertos. Así que hay un “gran recorte” en la cifra de caídos en la más estúpida de las guerras decretadas y escenificadas en el territorio nacional.

También se ha trabajado  intensamente en disminuir la cobertura de los actos violentos en los medios de comunicación del país, para bajar la “percepción” de violencia.

Como prueba podemos apuntar que en el séptimo informe sobre el análisis del cumplimiento del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, el Observatorio reportó que los espacios en la prensa del centro del país  dedicados a cubrir la violencia se redujeron a la mitad durante diciembre de 2012 a febrero de 2013. La menor presencia de la información relacionada con la violencia y los delitos asociados con la delincuencia organizada, en los medios de comunicación con influencia nacional, se vincula directamente con el cambio sustancial en la política de comunicación del gobierno federal. Así, por un lado, el combate al narcotráfico desapareció del discurso presidencial, a diferencia de la administración anterior, mientras que la Secretaría de Gobernación ha concentrado el manejo de la información oficial sobre el tema.

Un aspecto que no menciona el reporte es la autocensura de los medios de comunicación como una medida de defensa ante los ataques de las organizaciones criminales, porque las autoridades se han demostrado incapaces para proteger a los medios informativos y a los periodistas que trabajan en éstos. No obstante, la prensa y los medios audiovisuales de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares principales el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado.

El gobierno federal también suspendió la práctica de exhibir ante los medios de comunicación a personas detenidas por delitos federales. Hasta la fecha, de manera formal, no se ha hecho públicos los criterios para el manejo de información de la violencia asociada con la delincuencia organizada, ni para la información sobre personas detenidas, por lo que resulta indispensable que la nueva política de comunicación social no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de información.

El Observatorio recomienda mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, ya que la no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad pero no desaparece la violencia. El Observatorio pugna por dar seguimiento periodístico con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetuadotes y la responsabilidad del Estado para lograrlo.

Las instituciones gubernamentales deben transparentar su política de comunicación social en materia de seguridad y justicia; homologar los criterios de comunicación social sobre seguridad y justicia entre los diferentes órdenes de gobierno, conforme a los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos y rendición de cuentas. El Observatorio sostiene que el Poder Judicial debe informar sistemáticamente el inicio de procesos penales, a partir de la etapa de auto de formal prisión o de vinculación a un proceso, así como de las resoluciones de los jueces penales.

Por su parte, el Congreso de la Unión ha incumplido con la obligación legal de reglamentar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional,  sobre la persecución de delitos contra periodistas y la libertad de expresión, así como de armonizar el marco jurídico correspondiente.

El Observatorio reporta que a dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, continúan constatándose resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este ejercicio de autorregulación de los medios de comunicación: el cierre gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado.

En contraste, lamenta que durante el periodo revisado en el informe de referencia, un periodista fue asesinado (Jaime Guadalupe González Domínguez, en Ojinaga, Chihuahua); se cometió un secuestro colectivo de empleados de un diario (El Siglo de Torreón) y tres medios fueron objeto de ataques con arma de fuego (El Siglo de Torreón, el Diario de Juárez y Canal 44 de Ciudad Juárez). Además, a partir de amenazas en su contra, la cadena de diarios Zócalo de Coahuila anunció que dejará de publicar temas relacionados con delincuencia organizada, al no existir garantías para el ejercicio periodístico en la región.

Lo peor de todo es que en ningún caso se ha castigado a los responsables.

DERECHOS HUMANOS, ASIGNATURA PENDIENTE

Las declaraciones del Secretario de Gobernación en torno a la “titánica labor” que tiene enfrente el actual gobierno federal en torno al respeto a los derechos humanos, se derivó de las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia,  quien sostuvo que en el pasado reciente las políticas de seguridad pública fomentaron un incremento sustancial en quejas por violaciones a garantías individuales, cateos injustificados, desapariciones forzadas, tortura y homicidios.

Precisamente frente a Miguel Ángel Osorio Chong, Plascencia aseguró que no hay justificación alguna para que las autoridades incumplan con su responsabilidad en materia de seguridad pública y de justicia, pero tampoco para los ciudadanos determinen hacerse justicia por su propia mano. El funcionario le respondió que el tema de los derechos humanos es de “altísima” prioridad para el Ejecutivo. En el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, dijo que prueba de ello es que de los 96 compromisos del Pacto por México, 36 están relacionados con derechos y libertades, y 9 más con gobernabilidad democrática. Sostuvo que “avanzamos en el cumplimiento de lo establecido en el Pacto por México  en el que se acordó defender los derechos humanos como una política de Estado”.

Sin embargo, Plascencia insistió en que es el momento para que el Estado refuerce su compromiso por garantizar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que permita la reconstrucción del tejido social.

JUSTICIA POR PROPIA MANO

Y ya que hablamos de derecho humanos, hay que destacar que el abandono, la marginación, la impunidad y la injusticia empujan a comunidades enteras a aplicar la justicia por propia mano. Un ejemplo de esto se desarrolló el lunes, cuando un hombre acusado de robar un taxi en San Cristóbal Las Casas, Chiapas, fue identificado, detenido, golpeado y quemado vivo por cientos de indígenas de varias comunidades de San Juan Chamula, que bloquearon la intervención de las autoridades estatales… Este tipo de situaciones de hartazgo social, abonan a la proliferación de las guardias comunitarias que generan otro tipo de problemas a las autoridades estatales, como sucedió en el estado de Guerrero, donde el rechazo a la reforma educativa se contaminó con la actividad que realizan las guardias comunitarias.

Así,  decenas de policías comunitarios de El Troncón, Acatempa, Tecozintla y Zacatzonapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, se congregaron para demandar en Chilpancingo la liberación de Nahúm Santos Bartolo, quien fue detenido en un retén por policías estatales y entregado a la PGR.  A los policías se les unieron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Los integrantes de la policía comunitaria ingresaron armados a la capital estatal arropados por unos dos mil 500 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEC).

Lo anterior, no obstante que militares y policías federales colocaron un retén en las inmediaciones de la colonia Indeco, al oeste de Chilpancingo, para evitar que integrantes de la policía comunitaria entraran armados. Los maestros arroparon a los policías comunitarios armados con rifles de bajo calibre, a quienes los colocaron en medio del contingente, por lo que los policías federales y los militares no pudieron hacer nada para evitarlo.

El contingente se dirigió a la delegación de la PGR, donde protestaron para exigir la liberación del maestro Mario Durán Torres, detenido por policías federales el pasado viernes durante el desalojo de la Autopista del Sol. Los policías comunitarios también demandaron la liberación de su comandante Nahúm Santos, detenido la noche del domingo por policías estatales por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Antes de llegar a las instalaciones de la PGR, el comandante comunitario fue entregado a los maestros de la CETEG por el director estatal de Gobernación, a efecto de que los comunitarios no ingresaran a Chilpancingo, lo que no fue suficiente. Bajo las reservas de la ley, la PGR liberó a Nahúm Santos Bartolo, quien pagó una fianza de 25 mil pesos. Refirió que su liberación se debió a la intervención y movilización de sus compañeros.

EDUCACIÓN EN PUGNA

Ante las movilizaciones magisteriales que repudian la reforma educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, advirtió que México vive un momento decisivo en el que mejora la educación o se estanca, como si en materia educativa nuestro país no estuviera más que rezagado comparado con otras naciones no sólo del mundo, sino del propio continente americano. El funcionario advirtió que los maestros inconformes deben ceñirse al cumplimiento de la Ley. En su discurso, señaló que el Estado mexicano tiene la capacidad de sobreponer los intereses generales de la Nación a los intereses particulares, por medio del derecho.

También en relación a las marchas de los maestros, la titular de la Secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez, reportó que pese al movimiento magisterial, las clases en la entidad reiniciaron con tranquilidad en la mayoría de las escuelas de educación básica. Por su parte, Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente de la CETEG, aseguró que fueron unas tres mil instituciones educativas las que continuaron con el paro laboral.

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 del SNTE regresaron a sus labores en más de 14 mil 500 instituciones educativas de nivel básico y superior, en donde asisten más de un millón 500 mil estudiantes. Los maestros amenazaron con boicotear las actividades de La Guelaguetza y las elecciones del 7 de julio… Por otro lado, el Congreso de Oaxaca desechó la contrarreforma  educativa elaborada por el magisterio y el Gobierno del Estado, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Alejandro López Joaquín.

En Michoacán, más de un millón 200 mil estudiantes regresaron a clases, no obstante la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)  de iniciar un paro indefinido de labores… En Morelos, el gobernador Graco Ramírez anunció que los “gobernadores progresistas” respaldarán a los mandatarios de Guerrero y Oaxaca, ante los conflictos magisteriales que enfrentan en sus entidades contra la reforma educativa.

DE LOS PASILLOS

A raíz del desfalco de las finanzas del Estado de Tabasco, el diputado local del PAN, Francisco Castillo, acusó penalmente al ex gobernador Andrés Granier y a su hijo, Fabián, por peculado, malversación de fondos y asociación delictuosa. Esta denuncia, que quedó asentada en la averiguación previa DGI-71/2013, se suma a las otras que a finales de febrero presentó la Contraloría del Estado en contra de al menos una decena de ex funcionarios, a excepción del ex gobernador, luego de que el gobernador Arturo Núñez  difundió un informe sobre desvíos de recursos federales, adeudos a proveedores y un sobreendeudamiento público por más de 20 mil millones de pesos… También en el caso de Chiapas, el abogado Horacio Culebro Borrayas interpuso una denuncia ante la PGR contra el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, y 50 ex funcionarios de su administración por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y desfalco por 40 mil millones de pesos. La denuncia pretende que el ex mandatario y sus ex colaboradores paguen por el daño cometido al patrimonio de los chiapanecos.

De las 35 personas procesadas por el caso News Divine, donde murieron doce personas en junio de 2008, a 22 les fueron resueltas sentencias condenatorias, y a quienes se les informó que podrían pasar en prisión entre 5 y 24 años, dependiendo del delito, informó el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. Los dos mandos de policía que recibieron las sentencias condenatorias más severas, fueron María de Jesús Graciela Márquez Chávez y Luciano Baeza Chávez, quienes fueron encontrados culpables del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que se les dictó una pena de 24 años seis meses de prisión.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la