Libros de ayer y hoy
El anuncio de una demanda penal contra 21 ex funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre los cuales se encuentra Genaro García Luna, vino a alimentar la esperanza de que haya algo de justicia en el trágico caso de Florence Cassez.
No se trata de una acción ideal. Ya no habrá manera de encarcelar a la ciudadana francesa si es que efectivamente se trata de una secuestradora. Sin embargo, el Estado aún cuenta con la posibilidad de sancionar a los funcionarios que con su actuar indebido contaminaron el proceso al grado de hacer imposible saber si Cassez es inocente o culpable.
Recientemente el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, anunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprenderá esta acción jurídica debido a que García Luna y los demás acusados son “presuntos responsables de los delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”.
Según dicha institución, las irregularidades de este caso se cometieron en dos momentos: el primero fue el operativo durante el cual se detuvo a Florence Cassez; el segundo, correspondió a la actuación de los agentes del Ministerio Público que incumplieron con el debido proceso.
La acumulación de sus yerros, omisiones y dolosas maniobras destinadas a manipular a la opinión pública para obtener dividendos políticos, cancelaron la posibilidad de que las víctimas obtuvieran la justicia a la que tienen legítimo derecho.
En los próximos meses veremos una serie de escaramuzas jurídicas largas y complejas, pues los acusados conocen por dentro el sistema ante el cual ahora se verán obligados a rendir cuentas.
Sin embargo, por el bien de la República, el Estado tiene el deber ético de ganar esta contienda, pues significará sentar el precedente claro e irrebatible de que ningún funcionario público debe utilizar a personas -así sean presuntos delincuentes- exhibiéndolas en pantomimas para los medios de comunicación en la búsqueda de ganancias políticas.
Repito, no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido que los secuestradores estuvieran hoy encarcelados y que las víctimas hubieran recibido una reparación del daño material y psicológicamente (rubro en el cual se incluye también el ver debidamente sancionados a los secuestradores).
Sin embargo, ya que García Luna y su equipo violaron la ley y negaron a las víctimas su elemental derecho a la justicia, como sociedad solo nos queda verlos recibir una sanción ejemplar que impida a otros servidores públicos hacer lo mismo en el futuro.
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