Abanico
La falta de credibilidad en las autoridades, la impunidad con que operan los grupos delictivos en varias regiones del país y la persistencia de caciques que controlan mediante la violencia a muchas comunidades, son el origen de las policías comunitarias y de grupos de autodefensa que han surgido en Michoacán, Guerrero y Puebla y que amenazan con extenderse a otras regiones donde la justicia y la ley existen solamente de palabra.
La creciente inseguridad en la que se encuentran inmersas muchas comunidades, víctimas de asaltos, secuestros, despojos, asesinatos y desapariciones, han obligado a la población civil a tomar armas y machetes para defender vida y patrimonio.
Los diversos niveles de gobierno se han visto rebasados por la realidad que está muy por encima del imperio de la ley. Esto es producto de una creciente descomposición social donde la impunidad y la negligencia han favorecido la inseguridad.
Aunado a lo anterior, la falta de estrategias gubernamentales, coordinadas y efectivas, para enfrentar al crimen organizado ha propiciado la proliferación de conductas antisociales ante la indefensión de comunidades enteras.
Esto representa un reto para el Gobierno Federal si no se quiere llegar a extremos como la proliferación de grupos paramilitares apoyados por la población o financiados por poderes fácticos y grupos criminales.
Pretexto de que se imparte justicia, ya tuvimos experiencias lamentables en Chiapas, que derivaron en el enfrentamiento de comunidades, en el desplazamiento de poblaciones enteras y en la trágica matanza de Acteal.
Los focos rojos están encendidos en Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Morelos y Veracruz donde comunidades enteras están sometidas por el crimen organizado.
La paciencia de los mexicanos tiene límites y así lo demostraron durante la Revolución, o bien en los movimientos guerrilleros en defensa de sus derechos y de justicia.
No se debe esperar más, podríamos lamentarlo.
QMX/rha