DINTEL: Ni perdón ni olvido, sólo justicia y la ley

Todo funcionario que esconde o solapa un delito se convierte en cómplice y pierde la oportunidad de dar testimonio de eficacia y hacer, del castigo, un ejemplo.

Casi siempre por perversas negociaciones partidistas los abusos, equivocaciones y pillerías se pasan por alto hasta que el burocratismo y el tiempo terminan sepultando ineficacia y robos en los empleos y puestos de gobierno.

En los últimos días han emergido graves anomalías que no debieran soslayarse, dejarse pasar y menos solaparse. Si en cualquier rubro del gobierno el delito es punible y condenable, en educación y salud tiene agravantes. Por eso las investigaciones que revelan investigaciones en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que encabezó la otrora reputada Consuelo Sáizar, deben continuar hasta sus últimas consecuencias.

De acuerdo a diversas publicaciones periodísticas, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) incurrió en numerosos actos de opacidad financiera que lo llevaron a generar un pasivo presupuestal de mil 187 millones de pesos durante el quinto año de gobierno de Felipe Calderón. La institución federal encargada de la cultura, también incumplió las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo cultural y no diseñó indicadores y metas para evaluar el acatamiento de las estrategias señaladas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.

El informe de la Cuenta Pública 2011 señala fallas en la fiscalización hecha al CNCA, entre otras condiciones, porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no reconoció 516 millones de pesos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), figura que sólo se ha aplicado -en los últimos años- a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

En dos auditorías a que se sometió al organismo, la ASF, dependiente de la Cámara de Diputados, detectó que la mayoría de los contratos para obras, de artistas y actos fueron adjudicados de forma directa. En 2011, quinto año de la administración calderonista, el presupuesto total del CNCA obtuvo una ampliación de 650 millones de pesos, producto de reasignaciones entre dependencias y entidades, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social y los Estudios Churubusco. Incluso, algunas partidas de gasto, como asesorías para la operación de programas y para servicios integrales, presentaron sobrejercicios que superaron 3 mil 162 y 2 mil 116 por ciento, respectivamente. Es decir, en el primero, el presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados alcanzó 8 millones 43 mil pesos, y al final del año fiscal referido el sobrejercicio fue de 217 millones 988 mil, mientras en el segundo caso la asignación inicial fue de 3 millones 951 mil pesos, y la ampliación superó 124 millones.

La ASF refiere que en 2011 los gastos por concepto de realización de actos culturales, como conciertos, exposiciones y festivales, así como celebraciones conmemorativas, se hicieron indebidamente con cargo a las partidas de otras asesorías para la operación de programas y la de servicios integrales, y no en la de gastos de orden social y cultural, como se ordena en la normatividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un mar de opacidad, refiere la ASF, el Consejo incurrió en una deficiente planeación y presupuestaria de los servicios relacionados con celebraciones y actos conmemorativos, debido a la falta de priorización de necesidades en función de un análisis relacionado con la recurrencia, categorización, consolidación de los servicios y previsión de los recursos.

En el caso del pasivo por mil 187 millones de pesos, cifra que representa 23.8 por ciento del presupuesto total ejercido por la institución (4 mil 982 millones de pesos), representó un déficit elevado en los estados financieros del CNCA al cierre del ejercicio. Y como ejemplo de la escasa transparencia en el manejo de los recursos que administró Conaculta en manos de Consuelo Sáizar, “se constató que las 22 cuentas bancarias de la institución tuvieron saldos -al 31 de diciembre de 2011- por 70 millones 159 mil pesos, de los cuales, en 34 millones 62 mil no demostró que estaban devengados ni realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación”.

De forma tal que la Auditoría Superior de la Federación considera “que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no cumplió las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan, porque no reconoció las Adefas reportadas por la cuenta de la hacienda pública federal por un monto de 516 millones de pesos, ya que generó un pasivo circulante por mil 187 millones no registrados en el presupuesto comprometido ni en las Adefas, ni los informó a la Secretaría de Hacienda. No demostró que los saldos por 34 millones 62 mil pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al 31 de diciembre; las partidas restringidas para asesorías y de operación de programas y exposiciones no se sujetaron a los lineamientos para regular los gastos restringidos.

El CNCA también realizó adjudicaciones directas por 31 millones 951 mil pesos, por garantizar las mejores condiciones para el Estado, tampoco cuenta con una sistema de inventarios.

En el penúltimo año del gobierno de Felipe Calderón, destaca el reporte, el ente encargado de llevar cultura a los ciudadanos no organizó la información de su sistema contable para determinar los costos de los apoyos para la creación del arte, la promoción y la difusión del patrimonio artístico y cultural, ni acreditó las diferencias en las cifras de los reportes internos sobre la creación del arte.

Tabasco, no es Edén

Aunque todavía el nuevo gobierno, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, documenta en todas las secretarías y organismos las fallas y abusos punibles, por lo que aún no se conoce de denuncias formales, existe la decisión de no convertirse en tapadera y menos cómplice de ineficacias, tropelías y menos pillerías de nadie.

Por eso tuvo buena acogida la advertencia del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ante los abusos cometidos, presuntamente, durante el anterior gobierno de Andrés Granier, a los que no habrá perdón, ni olvido.

No se trata de venganzas o persecuciones partidistas, simplemente que quien haya abusado, sea en Conaculta, en Seguridad Pública, en el gobierno del DF, en Tabasco o en cualquier municipio como Acapulco, por ejemplo, haya justicia, que impere la ley, empezando por el gobierno.

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QMX/am